El hecho de que el documento se haya dado a conocer a la carrera judicial antes de ser abordado en profundidad por el propio Consejo ha despertado "reticencias" en ciertos sectores que es probable que se escenifiquen durante la sesión de mañana, han informado a Europa Press fuentes de este órgano. Varios vocales consideran además que ahora no es el "momento oportuno" de plantear estas reformas.
En opinión de otros vocales, sin embargo, se señala que lo importante es "abrir un debate" y no se descarta que parte del escrito sea tomado en conocimiento por el CGPJ como "documento de trabajo" a partir del cual se podría trabajar en medidas concretas.
El escrito, que firman los vocales Margarita Robles, José Manuel Gómez Benítez, Inmaculada Montalbán y Félix Azón define al Consejo como "un agente político fundamental para la consecución" de una mejora de la Administración de Justicia.
"Desde esta posición no partidista, pero sí política", los firmantes defienden que "sólo mediante reformas legales estructurales" se puede salir "del estado de frustración y desmotivación de muchos jueces y magistrados".
Respecto de la composición del propio Consejo, el documento plantea la necesidad de un refuerzo de los requisitos de mérito y capacidad para acceder a un puesto de vocal mediante la exigencia de que los doce de procedencia judicial "cuenten con los años de desempeño efectivo en sus respectivos tribunales que les concedan la experiencia y el reconocimiento profesionales necesarios".
Sobre el resto de vocales -los ocho de procedencia no judicial-, el documento propone que sean nombrados entre abogados y juristas de reconocido prestigio a propuesta de los colegios profesionales o a través de mecanismo democráticos directos.
Proponen igualmente que los vocales cesen automáticamente una vez superado un plazo de sesenta días tras el vencimiento de su mandato y que sean renovados de forma parcial cada cinco años (un sistema similar al del Tribunal Constitucional). "Sin reformas estructurales, el CGPJ no podrá afrontar su parte de responsabilidad en el reto futuro de reformar la Administración de Justicia", advierte el documento.
GESTIONAR EL PAGO A LOS JUECES
En el capítulo de reformas competenciales, los cuatro vocales proponen que este órgano asuma la competencia en materia de retribuciones a jueces y magistrados, lo que implicaría "la correspondiente dotación presupuestaria"; así como una nueva definición de grados y categorías dentro de la magistratura "más allá de las actualmente existente".
Sobre la valoración del trabajo de los jueces, los vocales proponen un control objetivo del rendimiento que incluya el de su horario presencial en sus respectivas sedes, la reducción de la jornada laboral, la jubilación parcial o la incapacidad parcial, entre otras.
También habla el documento de los nombramientos que hace el propio CGPJ de presidentes de tribunales. "La incapacidad, en algunos casos, y la extrema dificultad, en otros, de efectuar nombramientos discrecionales en plazo por parte del CGPJ, especialmente cuando la ley exige una mayoría cualificada de votos, puede producir prácticas indeseables que deben corregirse", reconoce el escrito.
Para conseguir estos objetivos, proponen que el CGPJ abra "en un plazo inmediato un proceso de debate y consultas con los jueces y magistrados y los órganos de gobierno interno, e impulsará las reformas legales y reglamentarias consecuentes". Añade que como las funciones de juez y fiscal son diferentes "también deben serlo los respectivos procesos de selección".
El hecho de que este documento se haya hecho público e incluso comunicado a asociaciones de jueces antes de que haya sido debatido en profundidad ha despertado críticas en ciertos sectores, incluso dentro del propio grupo "progresista", según han señalado fuentes de este sector a Europa Press, que señalan que mañana es probable que haya "serias reticencias" para que las propuestas conciten el apoyo mayoritario del órgano de gobierno de los jueces.
Desde el "sector conservador", sin embargo, se ha señalado a Europa Press que lo importante es "abrir el debate" y que el escrito debe entenderse como un "documento de trabajo" para empezar a debatir sobre asuntos que son de importante calado, por lo que no pueden ser rechazados de plano ni tampoco recibir luz verde sin la existencia de una discusión en profundidad.
'HIPERGARANTISMO' PROCESAL
El documento incluye medidas respecto de las reformas legales en curso con el fin de "prescindir de trámites innecesarios y del hipergarantismo procesal ya superado" en ordenamientos de otros países de nuestro entorno.
"Sin una adecuada reforma procesal que imprima agilidad a los procesos no hay organización judicial ni número de jueces que puedan hacer frente a la litigiosidad actual y la previsible en plazos razonables", subraya el escrito, que también se refiere a la "dispersión de competencias" entre comunidades autónomas, CGPJ y Ministerio "que la sociedad no puede entender, porque no es razonable".
"Los gobiernos de las Comunidades Autónomas deben ejercitar realmente sus funciones de jefatura del personal de las oficinas judiciales, incluidas las de establecimiento de un horario laboral y el control de su cumplimiento", a lo que habría que añadir que todas las plazas de funcionarios estén cubiertas por titulares, terminando así con el elevado número actual de interinos.
CUATRIMESTRE SABÁTICO
Por otra parte, el CGPJ estudiará una medida novedosa en el mundo de la judicatura basada en conceder un "cuatrimestre sabático" a los jueces que hayan prestado 10 años de servicios efectivos y quieran acogerse a este permiso.
El órgano de gobierno de los jueces es consciente de la "presión" con la que trabajan los jueces y magistrados españoles. Según sus previsiones, este año resolverán más de 9,4 millones de asuntos y dictarán 1,7 millones de sentencias, lo que supone un aumento del 2,7 por ciento y 3,8 respectivamente.
Por ello, pretende introducir esta medida en el Reglamento de la Carrera Judicial condicionada a que sus beneficiarios se dediquen a la investigación. El CGPJ ofrecerá un "amplio" catálogo de materias, que abarcará desde las relacionadas con la función jurisdiccional hasta otras relativas al Derecho comunitario, para que los jueces puedan escoger aquella que más se ajusta a sus intereses. Fuente: Europa Press
