El texto salió adelante tras ser aceptada una enmienda de modificación presentada de manera conjunta por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV.
Con la aprobación de esta moción, la Cámara baja insta al Gobierno a acelerar el proceso de reestructuración del sistema financiero con el objetivo de reforzar la solvencia de las entidades de crédito y su capacidad de resistencia y, de esta manera, favorecer la canalización del crédito hacia las familias y las pequeñas y medianas empresas.
Así mismo, también se pide la movilización de los recursos financieros necesarios para impulsar un nuevo modelo productivo basado en: el desarrollo de nuevos tipos de actividades o sectores profesionales y empresariales; la apuesta por el I+D+i público y privado; el incremento de la productividad en el sector público; y el mantenimiento del estado de bienestar, con especial atención a la dependencia y la educación.
El texto aprobado solicita que en la reforma del sector financiero se garantice el mantenimiento de la obra social de las cajas y su contribución al bienestar territorial; se establezca un procedimiento transparente de desinversión por parte del FROB, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, mediante su enajenación que asegure la competencia para que el patrimonio de las entidades reciba una justa valoración y dentro de un plazo no superior a los cinco años a contar desde la fecha de su suscripción; que se establezca de forma general un requisito de capital principal del 8% de los activos ponderados por riesgo para todas las entidades de crédito, sin distinción de requisitos mínimos según se trate de bancos o cajas de ahorro. El diferente nivel de exigencia se marcará en función de la estructura de pasivo de las entidades, no de su forma jurídica.
En la moción aprobada también se pide el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de regulación de cajas de ahorro. Al tiempo se exhorta al ejecutivo a cumplir con la normativa aplicable de la Unión Europea y optimizar los recursos públicos destinados a dicho proceso de reestructuración del sistema financiero; y a adoptar las medidas necesarias para mejorar la transparencia y el gobierno corporativo con las medias para que las sociedades cotizadas pongan a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones que será aprobado en la Junta General. Como mecanismos de protección de los usuarios de servicios financieros y con el fin de asegurar la práctica de un crédito responsable, las entidades de crédito deberán seguir prácticas que garanticen la correcta evaluación de la solvencia del prestatario, a la vez que aumentar la información proporcionada sobre los productos financieros y bancarios que se le ofrecen.
Por último se solicita del ejecutivo que el Banco de España pueda requerir a las entidades de crédito que limiten las remuneraciones variables cuando sean incoherentes con el mantenimiento de una base sólida del capital. Además, el Banco de España podrá exigir el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo efectiva, revisará las mismas, y podrá elaborar guías indicando los criterios, prácticas y procedimientos que considere adecuados.
