CORTESANOS Y CIUDADANOS
Según una frase repetida, utilizada normalmente para justificar el salto de la política a la empresa privada, “los políticos en España mandan mucho pero ganan poco”. Prescindiendo de alguno con mucha suerte en la lotería, esa afirmación es exacta. Pero eso no significa que la opuesta también lo sea, es decir, que en la empresa privada se gane mucho pero se mande poco. En un sistema partitocrático y clientelar como el nuestro, apoyado en una administración pública desmotivada y en proceso de desmantelamiento funcional y territorial, las empresas, especialmente las grandes, tienen muchas oportunidades para mandar y, es lógico, no las desaprovechan.
El capital no es perverso por naturaleza. Simplemente aspira, como los gases, a ocupar espacios y aumentar su volumen. Por eso, cuando la política es permeable a su influencia, ésta se hace sentir. La existencia de una íntima conexión entre el poder político y económico es un fenómeno bastante general. En EEUU, esa conexión ha quedado suficientemente demostrada durante los últimos años. Pensemos, simplemente, en la relación entre el ex vicepresidente Cheney y la empresa Halliburton, o en casos como Wachovia-Wells Fargo, y Bear Sterns-JP Morgan, en los que proliferaron disposiciones legales introducidas a última hora para favorecer directamente a algunos de los implicados. Para que vean que ni siquiera en asuntos tan chocantes como el de ACS-Iberdrola (con reforma incluida de nuestra Ley de Sociedades Anónimas para beneficiar a la primera) somos muy originales.
Pero la diferencia es que en EEUU, al menos, no sólo se invoca cierto interés de carácter general a la hora de tomar esas medidas (en la forma de algún ahorro puntual o un menor riesgo para el Tesoro) sino que el escrutinio público (vía comisiones de investigación) y mediático es mucho más intenso. En España, por contra, la comunicación entre política y capital se desarrolla, digamos, de manera discreta, en la penumbra que suele caracterizar la relación del soberano con sus cortesanos. Pero, como en nuestro país los soberanos son tropel gracias a nuestra descentralización, y hay que atender a todos, las empresas más poderosas y con mayores medios parten con ventaja. No se puede descuidar ninguna camarilla, no sea que en esa precisamente termine imponiéndose la competencia.
Al margen de la escasa formación de la clase política española y del deterioro de su aparato administrativo, es la propia naturaleza de nuestras grandes empresas la que explica la preponderancia del tipo cortesano. La mayoría se desenvuelve en sectores -financiero, energético, construcción, telecomunicaciones- intensamente regulados, en los que la más nimia decisión política supone una diferencia de millones en la cuenta de resultados. Pero si bien es cierto que el cortesano depende de su soberano, también el poder político debe andarse con ojo al tratar con determinados sujetos palaciegos, que pueden acabar siendo muy peligrosos, o demasiado grandes para caer sin arrastrar a alguien. El capital, también por naturaleza, termina siendo acreedor, y el deudor es siempre siervo.
De esta mutua dependencia se aprovechan nuestras grandes empresas, especialmente, para hacer dinero o para que paguen otros cuando llegan las facturas. Pero no es culpa de ellas, sino de nuestro sistema político. Buscando consejo sobre la posible financiación de un proyecto sobre transparencia pública, un conocido empresario y ex político de nuestro país -hombre capaz y honesto- me sugirió amablemente no perder el tiempo. ¿Quién va a financiar un posible proyecto que busque dotar de mayor transparencia a la contratación pública o al funcionamiento de la Administración? ¿Los que se benefician de su opacidad? ¿Los que en un sistema en el que la rendición de cuentas brilla por su ausencia han sabido encontrar los resquicios adecuados? En nuestro país -concluyó- no existe sociedad civil ni perspectiva de que la haya.
Se refería, claro, a que no existe sociedad civil con posibles. Por eso, el paso de insignes políticos a la gran empresa, paso normal y lógico en cualquier país moderno, en el nuestro resulta siempre un poco inquietante.
En una democracia no es necesaria una revolución para acabar con los cortesanos. Puesto que basta exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes para que la corte desaparezca como por ensalmo, fijemos esa prioridad a la hora de ejercer nuestro derecho al voto. No es época de fobias o de fidelidades mal entendidas. La hora de la responsabilidad ha llegado.
