La Sentencia recoge que se produjo una cadena de errores en el diagnóstico que supuso que el paciente padeciera un "gran sufrimiento, cuando no debía sufrirlo".
Según la sentencia, las pruebas periciales apuntan a un retraso en el diagnóstico, tanto en la previa derivación por parte del médico de cabecera a un especialista como, con posterioridad, en las pruebas, que evidencian sospechas, síntomas que no desaparecen y deterioro progresivo.
Estima que hubo un "fracaso de la organización y una inadecuada gestión del proceso patológico del paciente", que generó a la familia y al afectado un dolor innecesario.