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Transparencia: un principio en busca de su autor. El ocaso de la intervención y de los interventores; por José Eugenio Soriano García, Catedrático de Derecho Administrativo

17/11/2010
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El día 16 de noviembre de 2010, se publicó en el diario El Imparcial, un artículo de José Eugenio Soriano García, en el cual el autor opina que si el Gobierno pretende actuar en pro de la transparencia hay que recuperar y muy intensamente, el papel de la Intervención. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

TRANSPARENCIA: UN PRINCIPIO EN BUSCA DE SU AUTOR. EL OCASO DE LA INTERVENCIÓN Y DE LOS INTERVENTORES

Desde Maquiavelo, el poder ser revistió de silencio, como parte de su propia potestad, de su imperio. La opacidad ha venido revistiendo la actuación de los poderosos. No dar explicación alguna, hacer de la arbitrariedad el principio rey de toda actuación de mando, se constituyó en elemento esencial de toda acción política. De esta forma, la oscuridad se constituyó por propia autoridad en parte constitutiva de toda relación de dominio, de sujeción, de mando.

Convenía siempre pues al poder, la actuación sorpresiva y tras bambalinas, el golpe inesperado, la falta de justificación. Todo ello provocaba - provoca porque esto ha cambiado bastante poco y estamos en situación regresiva - una enorme dosis de resignación entre quien sistemáticamente sufría como algo natural y dado, dicha opacidad. Parte de la dominancia del poder consiste en garantizarse de antemano la pura resignación de los sometidos, y esto se consigue también con la opacidad, con esa viscosa forma de adoptar decisiones que nunca se sabe cómo ni cuándo se puede sufrir por el que la tiene que soportar.

La Democracia quiso en alguna medida cambiar este estado de cosas, pero la democracia sin límites claros de orden jurídico no lo consigue por sí sola. Tienen que existir reglas claras, fácilmente aplicables, que en su caso exijan y den cuenta de todo el proceso de toma de decisiones que recaen sobre un asunto determinado.

Un caso ejemplar de control en pro de la transparencia, además desde luego de servir para el control y eficacia del gasto público, lo constituía el caso de los Interventores. Grandes amigos de la forma, la Intervención General ha evolucionado y gran parte de sus notables actuaciones acaban siendo un régimen de control interno que indefectiblemente exigía cierta coherencia entre el acto y el gasto necesario para soportarlo. Y, en consecuencia, también venía a establecer un medio de exigir la aclaración sobre el porqué y los fundamentos de cada acto. En definitiva, también por esta vía, existían enormes posibilidades de exigir motivación de los actos. Una excelente forma de lucha contra la opacidad y por la transparencia.

Sin embargo, existe un auténtico eclipse de las funciones interventoras. Un ocaso de su actuación que ya no se puede esconder. Mediante cientos de fórmulas, tales como la creación de fundaciones exógenas, sociedades, entes instrumentales, su función se ha ido diluyendo. Todo ello, sin contar con las exigencias políticas que en no pocas ocasiones constituyen una orden muy difícil de resistir por quien, en definitiva, no es más que un funcionario.

Ciertamente, la exigencia de un análisis más detallado de cada acto intervenido, no desplazando ni sustituyendo al agente activo, sino centrándose con exactitud en aquello en que consiste su función, sería muy de agradecer también a la Intervención. No han sido pocas las veces en que han decidido o por lo menos lo han pretendido, por encima de aquello que estaba previsto en una norma (Ley o Reglamento) que luego no se acaba de aplicar como consecuencia de la actuación de un Interventor. Por tanto, una exigencia de coherencia y de cierta modestia en el ejercicio de su función, habría permitido que los Interventores fueran vistos más como un “gatekeeper” que como un perro de presa. Lo cual no les ha favorecido. Pero siendo cierto que han existido posturas exageradas y poco realistas, inflexibles en las minucias y que con soberbia han paralizado actuaciones normales previstas por las Leyes, parece más cierto que en general la Intervención ha sido un gran cuerpo que ha evitado muchos disparates, muchos despropósitos, muchas infracciones. El balance general sobre la Intervención, históricamente examinada, es altamente positivo.

Lo que no se puede hacer es retirar la Intervención a los cuarteles de invierno y dejarla arrinconada y sin una genuina función. En un Estado de Derecho, cumplen un papel esencial, está en lo más fundamental de su actividad administrativa y si, efectivamente, el Gobierno pretende actuar en pro de la transparencia, como anunció a bombo y platillo en EL PAÍS, durante el mes de agosto, hay que recuperar y muy intensamente, el papel de la Intervención.

Va a ser, precisamente, este rol, esta función de la Intervención la que va a marcar si, efectivamente, existe voluntad de generar transparencia. Si se comprueba que su papel va en alza, entonces habrá motivos para pensar que efectivamente se está yendo en la buena línea de generar claridad en las cuentas públicas y por tanto en la motivación y fundamentación de los actos administrativos que reposan sobre ellas. Si por el contrario, no se mueve ficha en torno a la Intervención, habrá que concluir que no es cierto que se quiera hacer nada.

Recuperar el control sobre el gasto, evitando la huida y fragmentación del control sobre el mismo, es capital si se quiere efectivamente dar un paso. Ahora bien, esto supone menor poder para los políticos. Con lo cual, ¿qué piensan ustedes que se hará con la Intervención? ¿Subirá su papel? Se admiten apuestas.

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