En su Sentencia de 21 de septiembre, considera que el decreto, de 26 de enero de 2010, "traslada correctamente al ámbito interno de la Policía Vasca lo acordado en la Mesa General de Negociación de la Administración de la CAPV".
Así, el Tribunal desestima el recurso interpuesto por el Sindicato Profesional de la Ertzaintza. El sindicato consideraba que el decreto vulneraba los principios de reserva de ley, legalidad y jerarquía normativa.
En la Sentencia se considera que el decreto reconoce para los agentes de la Ertzaintza condiciones "incluso más ventajosas que las determinadas con carácter general en la Ley de Presupuestos Generales de la CAV" y que traslada correctamente al ámbito de la Ertzaintza la regulación de los días libres sin contravenir los dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública Vasca
