Los recursos presentados por CC.OO. y por UGT fueron admitidos a trámite por la Audiencia Nacional el pasado 9 de julio; uno contra la resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, y otro contra el acta administrativa de la Mesa General de la Función Pública. Ambas organizaciones han solicitado ayuda al Defensor del pueblo solicitándole que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto ley.
Por su parte, la Confederación Sindical Independiente de funcionarios (CSIF), lo ha presentado ante el Tribunal Supremo y ante el Defensor del Pueblo.
Los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado, por su parte, han optado por hacer hincapié en que los recursos deben ser presentados de forma individual, nómina a nómina, con el objetivo de que “realmente se pueda recuperar el sueldo perdido en el caso de que los tribunales nos den la razón”.
