Los tres sindicatos solicitaron la suspensión de la aplicación del Real Decreto Ley por considerar que supone "una burda e inaceptable privatización progresiva de las cajas de ahorros en España".
La reforma de la LORCA, entre otros cambios, permitirá a estas entidades emitir cuotas participativas con derechos políticos, similares a las acciones de las sociedades anónimas, por un importe no superior al 50% de su patrimonio.