La economía social es el ejercicio de actividad económica y empresarial en el ámbito privado mediante la asociación de personas que, conforme a unos principios participativos y sociales, encaminan su acción al interés colectivo de sus miembros; pero también, en su caso, al interés general, tanto económico como social.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que suponga el reconocimiento y mejor visibilidad de la Economía Social, otorgándole una mayor seguridad jurídica, sin pretender sustituir la normativa vigente de cada una de las entidades que conforman el sector.
Primacía del fin social sobre el capital
Estas organizaciones están formadas por un conjunto de entidades y empresas que actúan en la actividad económica mediante los siguientes principios: primacía de las personas y del fin social sobre el capital; aplicación de los resultados en función del trabajo y servicio prestado por los socios, y, en el caso de empresas que presten servicios sociales, los resultados se dirigen a intensificar dichas acciones; compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la estabilidad, y, por último, independencia del sector respecto a los poderes públicos.
Se trata de empresas que, en el ámbito de la Unión Europea, se agrupan en Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones y que, en España, se concretan básicamente en:
Cooperativas, en sus distintas modalidades: de trabajo asociado, de consumidores y usuarios, agrarias, de viviendas, de servicios, de transportes, de crédito, de enseñanza, etcétera.
Mutualidades de previsión social.
Sociedades Laborales.
Empresas de inserción social.
Centros especiales de empleo.
Fundaciones sociales, laborales, etcétera.
Asociaciones de discapacitados.
Cofradías de pescadores.
Sociedades agrarias de transformación.
Representatividad
En cuanto a la representatividad, el Proyecto de Ley reconoce la importancia de la existencia de asociaciones que representen a la Economía Social y da un papel destacado a las Confederaciones Intersectoriales de ámbito estatal representativas, que serán aquellas que:
agrupen a la mayoría de tipos de entidades como las reflejadas con anterioridad.
tengan, al menos, el 25 por 100 del total de las entidades o empresas asociadas directamente o a través de organizaciones intermedias de las confederaciones de economía social que concurran al procedimiento de representatividad.
reúnan, al menos, al 15 por 100 de entidades asociadas a las diferentes organizaciones de cada tipo señalado.
Estos criterios serán desarrollados reglamentariamente.
Asimismo, se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social, órgano asesor consultivo para las actividades relacionadas con el sector, en el que estarán representadas paritariamente las Administraciones públicas y las entidades de la economía social, por medio de la confederación intersectorial más representativa, así como aquellas representativas del sector no integradas en dicha Confederación, además de contar con cinco expertos de reconocido prestigio.
Importante participación en la creación de empleo
Desde el punto de vista económico, esta Ley permite el reconocimiento de los valores de la Economía Social, reforzando el desarrollo de las distintas fórmulas de empresa que se acogen bajo los principios que la inspiran, sin olvidar su importante participación en la creación de empleo y en el PIB nacional.
El impacto en creación de empleo se sitúa en torno a 1.350.000 empleos, teniendo en cuenta diversos estudios realizados para considerar el empleo en otras entidades de la Economía Social, caso de asociaciones, fundaciones, empresas de inserción social, centros especiales de empleos, etcétera, además de incluir el de cooperativas y sociedades laborales. Según datos de la Seguridad Social, a 31 de marzo de 2010 había 376.569 personas dadas de alta en 38.505 cooperativas y sociedades laborales.
En cuanto al PIB, según datos fiscales de la memoria de la Agencia Tributaria del año 2007, las Cooperativas y Sociedades Laborales declararon una producción de 64.614,5 millones de euros, generando un valor añadido de 11.817,6 millones de euros. Incorporando otros datos económicos del resto de las figuras de la Economía Social, se podría concluir que esta representa el 3 por 100 del PIB.
La aprobación del Proyecto supone, además, cumplir con un compromiso del Presidente del Gobierno para dar respuesta a una de las demandas históricas del sector, la homogeneización mediante una norma de los principios básicos del sector, pero desde el respeto a la diversidad de entidades que conviven bajo ese denominador común.
