La sentencia exime a los acusados de cumplir las penas de entre 15 y 18 años de prisión y de pagar multas que oscilaban de 6 a 10 millones de euros, tal y como solicitaba el Ministerio Público.
La Audiencia considera que la prueba sobre la que se sustenta la acusación fiscal carece de valor al haberse vulnerado derechos fundamentales de los demandados.
