En su solicitud los querellantes aseguran que "es una temeridad o actividad de alto riesgo" que los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo permitan a Garzón que siga desempeñando su cargo cuando el Alto Tribunal ha admitido dos querellas por delitos dolosos relativos al ejercicio de sus funciones.
Hasta ahora, el Consejo General del Poder Judicial ha seguido como criterio acordar la suspensión de un juez contra el que se siga una causa penal sólo si la Fiscalía ejerce la acusación contra él, y esto no ocurre en ninguno de los dos casos.
