En ella, España delimitará una serie de Demarcaciones Marinas en las que se llevarán a cabo actuaciones específicas para garantizar que las actividades en el mar no comprometan la conservación de los ecosistemas marinos. Para ello se elaborará una estrategia marina para cada región o subregión marina que se establezca, con el fin de tener en cuenta las especificidades del medio marino español.
El Ministerio llevará a cabo una evaluación inicial del estado ambiental actual del impacto de las actividades humanas en el medio marino de cada demarcación, tras la que se realizará una propuesta de objetivos ambientales e indicadores asociados para el medio marino, con el objetivo de conseguir un buen estado ambiental. Ese buen estado implicará que las especies y hábitats estén protegidos, se prevenga la pérdida de la biodiversidad inducida por el hombre y los diversos componentes biológicos funcionen de manera adecuada.
Incorporación de una Directiva europea
La futura Ley incorporará la Directiva marco de la Unión Europea sobre estrategia marina, así como una serie de medidas de protección del medio marino reguladas por convenios internacionales. Las medidas se aplicarán a las aguas, al lecho marino y el subsuelo que se sitúan más allá de la línea base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden hasta el límite exterior de la zona en que cada Estado ejerce derechos jurisdiccionales.
Asimismo, establecerá normas en relación con los vertidos desde buques y aeronaves al mar, la incineración en el mar y la colocación de materias sobre el fondo marino que ya están reguladas en convenios internacionales, como el Convenio de Barcelona, el Convenio OSPAR y el Convenio de Londres.
Por otra parte, el anteproyecto de Ley de Protección del Medio Marino creará formalmente la Red de Áreas Marinas Protegidas, para asegurar la conservación y recuperación del patrimonio natural, y establecerá sus objetivos, los espacios naturales que la conforman y los mecanismos para su designación y gestión.
