Las dos asociaciones tienen la intención de analizar la propuesta gubernamental de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal, convirtiendo a los actuales Jueces de Instrucción en jueces garantes del respeto a los derechos fundamentales y garantías procesales de las víctimas e imputados.
Por otro lado se volverá a reclamar la máxima urgencia en la introducción del recurso de apelación penal para las sentencias que hasta ahora fallan en única instancia las Audiencias Provincial.
Igualmente se estudiarán las consecuencias jurídicas de las reformas en materia de divorcio y matrimonios de personas del mismo sexo, cuya constitucionalidad vienen defendiendo ambas organizaciones desde hace tiempo, considerando que una sociedad laica tiene que reconocer los derechos de personas que han optado por una relación que no puede ser discriminada legalmente, como ocurre hasta la fecha.
También se analizará la Ley 1/2004, de 1 de abril, integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, y las medidas que se contienen en las mismas, y en particular, los nuevos Juzgados de Violencia Doméstica.
En la cumbre que anualmente celebran ambos órganos también se abordará la posición que ambos colectivos pretenden adoptar respecto a la Constitución Europea, cuyo referéndum para aprobación tendrá lugar el próximo mes de febrero.
