Director:
ÁNGEL CALDERÓN CEREZO
Magistrado del Tribunal Supremo
Secretario:
JOSÉ MARÍA BENTO COMPANY
Magistrado
Coordinador:
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Introducción:
1.- La última legislatura ha sido pródiga en la producción normativa, especialmente en lo que concierne al cuerpo de leyes que conforman parte sustancial del Estado de Derecho y cuyo común denominador radica en la necesaria realización judicial de sus contenidos, como es el caso del texto punitivo por antonomasia que es el Código Penal; de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esta última en lo atinente a sus aspectos procesales.
El Código Penal de 1995, a pesar de la acusada vocación de permanencia de un cuerpo legal de esta clase, ha experimentado solo en el último año cinco reformas que afectan a más de la tercera parte de su articulado, referidas a materias tan relevantes como sucede con el cumplimiento integro y efectivo de las penas, la violencia familiar, integración social de los extranjeros, incolumidad sexual de menores e incapaces, seguridad ciudadana, insolvencias punibles, protección penal de los acreedores y su adaptación a la reciente Ley Concursal, protección de la propiedad intelectual e industrial, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y un largo etcétera, lo que sumado a las precedentes doce reformas anotadas desde el año 1996 permite augurar la no lejana aparición de un Código nuevo.
La Ley Procesal no ha ido a la zaga en este acelerado proceso de innovación del ordenamiento jurídico, de manera que en el último bienio se ha reelaborado el Procedimiento Abreviado a través del cual se enjuician la mayoría de los delitos, se ha introducido un novedoso enjuiciamiento rápido de determinados delitos y faltas, en el que tantas esperanzas se han depositado para aligerar la pesada carga competencial que agobia a los Tribunales del orden penal, y se ha mejorado la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal que si resultó modélica en su momento, el paso del tiempo ha puesto de manifiesto su obsolescencia y la necesidad de adaptarla al sistema penal surgido de la Constitución y a los Pactos y Convenios Internacionales suscritos por España.
2.- En lo que concierne a la Ley Orgánica del Poder Judicial su reforma más sobresaliente, que merecerá especial atención durante el Curso, se refiere a la definitiva y completa implantación en nuestro sistema de enjuiciamiento penal de la doble instancia también para los delitos graves, hasta ahora caracterizado por la única instancia y el Recurso extraordinario de Casación ante el Tribunal Supremo. Recientes resoluciones de Organismos Internacionales han puesto de relieve las carencias de nuestro sistema tradicional en cuanto al déficit de garantías que representa la falta de la segunda instancia revisora también de los hechos probados. Que el legislador no se haya decantado todavía por el modelo de apelación a seguir, ello brinda la oportunidad de ofrecer propuestas desde el foro de debate que significan estos Cursos de la Universidad Complutense de Madrid.
3.- La segunda parte del Curso se dedica a aspectos puntuales de la reciente Ley de Arbitraje, en la medida en que representa un nuevo intento para la regulación de la materia relativa a la resolución extrajudicial de conflictos de derecho privado, que hasta ahora no ha colmado las expectativas a que dieron lugar las precedentes leyes de 1953 y de 1988.
4.- La tercera parte del Curso se orienta a la reflexión sobre un tema sugestivo no suficientemente tratado, como es la vinculación entre la Administración de Justicia y la Empresa, con las posibles repercusiones en el desarrollo económico que cabe esperar del mejoramiento en la actuación de Juzgados y Tribunales, en aspectos tales como la prontitud en la decisión judicial sobre el objeto del litigio, la predecibilidad de la respuesta, la seguridad jurídica y el coste del proceso. No se trata tanto de la satisfacción del interés general por la Justicia en cuanto instrumento de pacificación social, como de hacer rentable en términos económicos un sistema judicial justo y eficaz, basado en un ordenamiento jurídico adaptado a las necesidades de la realidad que debe regular; en la existencia de buenos Jueces preparados técnicamente y comprometidos con la función de realizar la Justicia a través de la aplicación del Derecho, la adecuada estructura de la organización de medios al servicio de la Justicia y la voluntad asumida por todos, y los Poderes Públicos en primer lugar, de cumplir efectivamente las resoluciones judiciales firmes.
5.- En la última de las sesiones se aborda un asunto especialmente complejo y de rigurosa actualidad, que atañe al difícil enlace entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Constitucional, a partir de la posición institucional que corresponde a cada uno de los Altos Tribunales que representan una y otra manifestación judicial, es decir, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La actual regulación del Amparo frente a resoluciones judiciales firmes constituye terreno abonado para la discusión, no solo por la excepción que esta posibilidad representa en el derecho comparado, como por la superposición del segundo sobre el primero de dichos Tribunales a que se da lugar en la práctica, al entrar a conocer el Tribunal Constitucional con frecuencia de cuestiones de ordinaria legalidad que no siempre aparecen como vinculadas al denominado “bloque de constitucionalidad”.
La reciente Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que condenó por culpa civil a la totalidad de los Magistrados del otro Alto Tribunal, marca un punto de máxima tensión en unas relaciones no bien delimitadas en todos los casos, en que recaen pronunciamientos sucesivos por parte de ambos Tribunales sobre el mismo objeto y con frecuencia desde la misma perspectivas. Tras veinticuatro años de funcionamiento del máximo intérprete de la Constitución, cabe que se de lugar al hilo de los resultados de la experiencia, a un debate sobre la redefinición de las respectivas competencias y, en particular, en cuanto a la conveniencia de residenciar el Amparo en sede judicial.
Se trata, en suma, de acercarse a un conjunto de cuestiones del más elevado interés, de indudable actualidad y repercusión social, sobre las que la Asociación Profesional de la Magistratura convoca a prestigiosos personalidades del ámbito jurídico y del judicial en particular a reflexionar sobre ellas, desde la vocación asociativa de servir al mejoramiento de la Administración de Justicia; aprovechando la oportunidad que le brinda la Universidad Complutense de Madrid, a través de la organización de este Curso de Verano.
Programa:
LUNES 9:
BASES PARA UN NUEVO CÓDIGO PENAL DE LA DEMOCRACIA
10’30 horas
ÁNGEL CALDERÓN CEREZO
JOSÉ MARÍA BENTO COMPANY
PRESENTACIÓN DEL CURSO
11’00 horas
ADOLFO PREGO OLIVER Y TOLIVAR
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
Juicio crítico de las reformas penales de 2003
(parte general)
12’00 horas
FRANCISCO MONTERDE FERRER
Magistrado del Tribunal Supremo
Juicio crítico de las reformas penales de 2003
(parte especial)
16’00 horas
MESA REDONDA
Participantes:
ADOLFO PREGO OLIVER Y TOLIVAR
FRANCISCO MONTERDE FERRER
PÍO AGUIRRE ZAMORANO
Presidente de la Audiencia Provincial de Jaén
EDUARDO SALINAS VERDEGUER
Presidente de la Audiencia Provincial de Albacete
MARTES 10:
EL DERECHO A LOS RECURSOS: LA DOBLE INSTANCIA PENAL
10’00 horas
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
Valoración crítica del sistema vigente de impugnaciones de las resoluciones penales
12’00 horas
LUIS ROMÁN PUERTA
Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
La doble instancia penal
16’30 horas
MESA REDONDA
Participantes:
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ
LUIS ROMÁN PUERTA
CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN
Secretario General del Consejo General del Poder Judicial
JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
MIÉRCOLES 11:
RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS
DE DERECHO PRIVADO: EL ARBITRAJE
10’00 horas
JOSÉ RAMÓN FERRANDIZ GABRIEL
Magistrado del Tribunal Supremo y Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura
Control judicial de los laudos arbitrales nacionales e internacionales
12’00 horas
LUIS MARTÍ MINGARRO
Decano del Colegio de Abogados de Madrid
El arbitraje como alternativa al proceso judicial: estudio comparativo
16’30 horas
MESA REDONDA
Participantes:
JOSÉ RAMÓN FERRANDIZ GABRIEL
LUIS MARTÍ MINGARRO
SANTIAGO MARTÍNEZ-VARES GARCÍA
Magistrado del Tribunal Supremo
JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA
Magistrado
EMILIO MOLINS-GARCÍA ATANCE
Magistrado
JUEVES 12:
JUSTICIA Y EMPRESA: ASPECTOS JURÍDICOS Y
SOCIOLÓGICOS
10’00 horas
JOSÉ LUIS REQUERO IBÁÑEZ
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
La empresa de la Justicia
12’00 horas
SANTOS PASTOR PRIETO
Catedrático de Economía Aplicada de la UCM
Rentabilidad Social de la Justicia
16’30 horas
MESA REDONDA
Participantes:
JOSÉ LUIS REQUERO IBÁÑEZ
SANTOS PASTOR PRIETO
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
Abogado General de Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ENRIQUE MIGUEZ ALVARELLOS
Vocal del Consejo General del Poder Judicial
LORENZO CHRISTIAN RUIZ MARTÍNEZ
Vicepresidente del Consejo General de Procuradores
VIERNES 6:
JUSTICIA ORDINARIA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL
10’00 horas
RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS
Magistrado del Tribunal Constitucional
La posición institucional del Tribunal Supremo
10’45 horas
JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ
Magistrado del Tribunal Constitucional
La posición institucional del Tribunal Constitucional
11’45 horas
JOSÉ LUIS MANZANARES SAMANIEGO
Consejero Permanente de Estado
Amparo constitucional frente a resoluciones judiciales
13’00 horas
ACTO DE CLAUSURA
ERNST MARKEL
Presidente Unión Internacional de Magistrados
FRANCISCO JOSÉ HERNANDO SANTIAGO
Presidente del Tribunal Supremo
Entrega de Diplomas
Más información:
91 896 70 67
91 896 70 68
91 896 71 99
