La implicación de los investigadores privados en los procedimientos antes de que empiece el proceso judicial supone que las pruebas que demostrarán de inocencia o culpabilidad de una parte serán obtenidos de la mejor manera y en el momento oportuno.
Pese a la normalización progresiva de la investigación privada como profesión, el empuje definitivo a este colectivo profesional llegó con la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Con dicha Ley los investigadores se convierten en colaboradores esenciales de los abogados ya que permite la aceptación de los medios y soportes sobre los que se presenta la prueba y la validación de los informes emitidos por los investigadores colegiados.
El papel relevante que están adquiriendo los detectives en la investigación de procesos en la actualidad permite que este sector conozca de primera mano los problemas legales a los que se enfrentan las empresas y la sociedad.
