Parte de la oposición a los actuales gestores del citado organismo cree que la gestión económica de las subvenciones no se lleva adecuadamente, y ve indicios de posibles irregularidades. Por eso lo ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas, y un consejero pide que dé comienzo una investigación. La demanda tiene dos partes distintas en las que podrían hallarse las raíces de los problemas contables. La primera de ellas es la subvención que el Instituto Madrileño para la Formación, dependiente del Ayuntamiento, concede a la Corporación cada año. Y la otra es la subvención que otorga el Ministerio de Justicia y de la Comunidad de Madrid para la gestión de la justicia gratuita, con la que se paga a los abogados del turno de oficio y a los del turno de asistencia al detenido.
El “jefe” de los opositores, Rafael Iruzubieta, confiesa que su grupo no ha encontrado “datos que demuestren que hay delito”, pero por otro lado afirma que en el Colegio, no se permite ver a los abogados la contabilidad y los libros, a pesar de que es un derecho incluido en el artículo 79 del estatuto del Colegio de Abogados. Estas cuestiones fueron planteadas el día 18 de julio de 2003 en una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Cuentas. Durante unos meses, hubo providencias, resoluciones y apreciaciones cruzadas, hasta que el pasado 30 de abril, el consejero de Cuentas, Antonio de la Rosa Alemany, firmó una resolución en la que se incluía lo siguiente: “Los hechos de los que podrían desprenderse indicios de responsabilidad contable (...) se refieren a la subvención recibida del Instituto Madrileño para la Formación y a las subvenciones recibidas de las diferentes Administraciones Públicas para la financiación de la justicia gratuita”. Y sigue: “...Procede en derecho proponer a la Comisión de Gobierno que se abra una fase de actuaciones previas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/88 de 5 de abril, en las que con todas las garantías se procederá a la investigación de los hechos, determinando si los mismos pueden ser o no generadores de responsabilidad contable”.
Todo eso beneficia a los gestores del Colegio de Abogados. Pero por otro lado hay cosas que les perjudica. En primer lugar, no cuentan con apoyos. La abogada de la Comunidad de Madrid, en sus diferentes escritos respecto a esta demanda, “no observa hasta la fecha irregularidad alguna en la justificación de las subvenciones”. En la misma línea se han manifestado el Ministerio Fiscal, que no ve ningún indicio e interesa “el archivo de lo actuado”, y el Abogado del Estado, que “debería inadmitirse la acción pública al no reunir los requisitos exigidos en el artículo 56.2 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”.
Aunque, pese a todo, el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una investigación, las opiniones contrarias a la acción popular que ejercen Rafael Iruzubieta y sus compañeros opositores son un revés para ellos.
Por otro lado, el propio consejero ha sugerido que se investigue el asunto económico, y afirma: “...pero sin que ello constituya pronunciamiento alguno sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad contable, en caso de que se iniciara”. Iruzubieta cree que el Colegio “no debería tener motivos para querer ocultar a toda costa la gestión económica”. A pesar de todo, confió en su deseo “de que haya claridad y de que ojalá que no se descubra nada raro, porque así estaríamos todos mucho más tranquilos”. Bajo su punto de vista, “el Colegio no paga puntualmente”.
