Según el diputado español Marcelino Oreja Arburúa, que intervino en la elaboración del texto, no entrará en vigor antes de dos o tres años, si los países miembros están de acuerdo y ponen en marcha los necesarios mecanismos para aplicarlo.
Cuando eso suceda, cada país decidirá las modalidades internas para establecer las titulaciones profesionales y una plataforma común de las entidades y asociaciones profesionales, junto a la Comisión Europea, los criterios de equivalencia.
Si los países miembros no aprueban esta proposición en el Consejo de Ministros, el Parlamento se vería obligado a una segunda lectura y a preparar una nueva propuesta para que sea aceptada. En caso de que se apruebe, deberían trasponer la legislación lo antes posible.
