El letrado calificó de muy grave el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional en el que los magistrados, por unanimidad, acusan al Tribunal Supremo de invadir su jurisdicción porque, en su opinión, es una conducta contraria a la Ley.
José Luis Mazón señaló que los once magistrados condenados a pagarle 500 euros cada uno, por no motivar la resolución desestimatoria del recurso de amparo que él había presentado, disponen de un plazo que concluye el próximo 23 de febrero para abonar la indemnización. Terminado este plazo, el letrado instará al Tribunal Supremo la ejecución de la sentencia.
El letrado agrega que algunos magistrados se han reservado el derecho de iniciar vías jurídicas individuales frente a la condena del Tribunal Supremo, aunque él cree que en este caso no cabe recurso ante el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos.
Recuerda que para acudir a Estrasburgo hay que fundamentar que se ha violado un derecho protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al no tratarse de un tribunal supranacional de apelación donde se pueda discutir si la ley española ha sido bien aplicada.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura ha recordado al Tribunal Constitucional que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial concede al Tribunal Supremo la supremacía sobre la responsabilidad de los jueces.
Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez Robledano, afirmó ayer, respecto al acuerdo del Tribunal Constitucional, que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la exigencia de responsabilidad de todos los magistrados, incluidos los del Tribunal Constitucional, debe plantearse ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. En este sentido, considera que el acuerdo es una “indeseable continuación” de la polémica suscitada tras la sentencia del Tribunal.
Por otro lado, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Manuel Torres Vela, declaró que el acuerdo supone que “los dos altos tribunales mantienen discrepancias sobre una cuestión jurídica que les han enfrentado, y ambas opiniones son respetables”.
Manuel Torres Vela añadió que la sentencia del Tribunal Supremo estaba “fundada”, aunque “se pueda compartir o no”, por lo que el Tribunal Constitucional “lo único que puede hacer es ejercitar los recursos que considere oportunos”.
Miguel Carmona, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó que detrás del conflicto suscitado entre los tribunales están “los problemas de acumulación de los recursos de amparo y de casación”.
Los once magistrados del Tribunal Constitucional afirman que la declaración no supone anular la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo ni un acto de “rebeldía contra la misma”, ya que no tiene efectos jurisdiccionales.
