En concreto, el Ejecutivo estima que la citada Ley andaluza va en contra de las competencias que ostenta el Estado en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica, técnica y de sanidad, de acuerdo con el articulado de la Constitución.
Así, el Gobierno advierte de que la Ley 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro intenta determinar el concepto de preembrión no viable y regular el régimen de su destino a fines de investigación, determinación que sólo corresponde realizar al Estado.
