Según el escrito remitido a la Sala Especial del Tribunal Supremo, el acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco “incumple de manera frontal diversas resoluciones firmes” dictadas por el tribunal en ejecución de la sentencia que ilegalizó Batasuna.
Recuerda que consecuencia de la disolución de este grupo fue la de proceder al embargo de cuentas subvenciones pertenecieran a Sozialista Abertzaleak, así como requerir al Interventor General del Parlamento Vasco para que realizara las actuaciones oportunas en orden a conseguir el reintegro de cuantas cantidades hubieran sido entregadas a dicho grupo a partir del 20 de mayo de 2003.
Asimismo, la Abogacía recuerda que la ilegalización también implica que el Parlamento Vasco debe abstenerse de abonar cantidad alguna tras su ilegalización, “bajo apercibimiento de responsabilidad personal”.
Por ello, los servicios jurídicos del Estado resaltan que frente a la inexistencia de derecho alguno del grupo disuelto a percibir subvenciones y a la prohibición explícita de que se le entregue cantidad alguna, la Mesa del Parlamento Vasco persiste en su decisión de no llevar a efecto la disolución, “lo que lleva consigo que éste continua actuando, ilícitamente y por pura vía de hecho, como si no hubiera sido disuelto, y le reconoce el derecho a continuar percibiendo las subvenciones”.
