El embargo “de cuantas subvenciones o fondos públicos o privados pertenezcan al grupo disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad de crédito” forma parte de las medidas que el Tribunal Supremo ha decidido tomar para la definitiva ejecución de la disolución de Sozialista Abertzaleak, a la que todavía no ha procedido el Parlamento vasco.
Asimismo, el Tribunal Supremo ha requerido al interventor general del Parlamento Vasco para que proceda a realizar las actuaciones oportunas para conseguir el reintegro de cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo a partir del pasado 20 de mayo, fecha en la que ordenó su disolución, así como para que se abstenga de abonarle cantidad alguna en lo sucesivo, bajo apercibimiento de responsabilidad personal.
El Tribunal Supremo también requiere al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, para que de inmediato adopte las medidas necesarias para retirar al grupo parlamentario disuelto el disfrute de cuantos locales y medios materiales les fueron asignados por causa de su existencia como grupo político.
Asimismo, el Tribunal Supremo, solicita a Juan María Atutxa, a los miembros de la Mesa de la Cámara y a los presidentes de comisiones permanentes para que en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de incumplimiento, impidan la presencia del grupo disuelto en las actuaciones de la vida parlamentaria.
Los parlamentarios de este grupo perciben anualmente unas retribuciones de 709.256 euros del Parlamento vasco en concepto de sueldos personales de los diputados, de subvenciones por escaño y de remuneraciones propias del grupo parlamentario, a las que afecta directamente el fallo del Tribunal.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha afirmado que dispone de suficientes datos para formular una querella en relación al incumplimiento, por parte del Parlamento vasco, de la orden del Tribunal Supremo de disolver al grupo Sozialista Abertzaleak.
