Con los juicios rápidos se prevé un importante ahorro de tiempo en la tramitación de las causas. Así, desde la detención del delincuente y la remisión del atestado al Juzgado hasta la celebración del juicio se estima que transcurrirá un plazo de entre 16 y 22 días, cuando con el procedimiento antiguo estaba entre 7 meses y un año. Los delitos que se juzgarán por este nuevo sistema son robos, hurtos, sustracciones de vehículo, determinados tipos de violencia doméstica y contra la seguridad del tráfico, entre otros.
En lo que se refiere a las faltas, especialmente hurtos y faltas cometidas en el entorno familiar, los plazos también se reducen considerablemente: se resolverán en una semana como máximo procedimientos que en la actualidad tardan entre seis y siete meses.
Una de las claves de los juicios rápidos es la brevedad de la instrucción, que durará 24 horas en las grandes ciudades, pues cuentan con servicios de guardia mejor dotados, y un máximo de 7 días en el resto del territorio.
José María Michavila, ha asegurado que con los juicios rápidos la prisión preventiva se va a reducir notablemente al agilizarse los juicios y recordó, que el Ministerio de Justicia, las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios han trabajado de común acuerdo para que los ciudadanos tengan una justicia penal más ágil y más moderna, y que garantice los derechos de la víctima y del acusado.
En este sentido, todos los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia trabajarán para que la aplicación de la Ley de Juicios Rápidos, que entra hoy en vigor en toda España, sea un éxito.
La Ley, que se aplicará en los 436 partidos judiciales de España, ha exigido multiplicar por dos los servicios de guardia de jueces y por tres los de fiscales, lo que ha supuesto una inversión, sólo este año, de 98 millones de euros.
De esta cantidad, 43 millones han sido destinados a la ampliación de órganos y plantillas judiciales; 45 millones a las retribuciones adicionales de las guardias; 3 millones a la adecuación de los locales de los juzgados de guardia; 2,5 millones al nuevo sistema informático de acceso al Registro Central de Penados y Rebeldes y 4 millones a la adquisición de nuevos equipos.
Como una de las novedades de la reforma está el principio de conformidad reforzada, según el cual, al detenido se le recorta en un tercio la pena máxima pedida por el fiscal si está conforme con los cargos de los que se le acusa. Este premio por conformidad sólo podrá aplicarse a los delitos más leves y con penas inferiores a tres años.
