El aplazamiento se produjo tras la propuesta de la minoría, que había anunciado la presentación de un voto particular al informe que inicialmente iba a aprobarse el día 9 de abril.
Los vocales de la minoría del Consejo General del Poder Judicial consideran que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es improcedente y estiman que la propuesta apoyada por la mayoría del Consejo de modificar la Ley del Tribunal del Jurado “patrocina la destrucción objetiva del jurado como institución”.
El informe aprobado por la Comisión de Estudios avala la reforma planteada por el Gobierno, aunque sugiere cambios en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado y en el régimen sancionador de los jueces.
Además, el Consejo General del Poder Judicial plantea ampliar el régimen disciplinario a los jueces para evitar ámbitos de impunidad de ciertas conductas censurables y propone que se sancione como falta muy grave la ignorancia inexcusable y reiterada en el cumplimiento de los deberes judiciales, así como el abandono del servicio y la ausencia injustificada y continuada por siete días o más de su destino.
En esta línea, el Consejo General del Poder Judicial propone que se consideren infracciones graves la falta de consideración a los abogados, fiscales o a cualquier otro particular y que se sancione al juez que dirija a los poderes públicos censuras o felicitaciones invocando la condición de juez.
Por su parte, miembros de la minoría tenían previsto presentar un voto particular por “la absoluta incapacidad de las propuestas de esa reforma para mejorar la Justicia institucionalmente y desde el punto de vista de la eficacia”.
Estos vocales defienden, además, el mantenimiento del tercer turno, frente al criterio de la mayoría que apuesta por la desaparición de esta vía de acceso a la judicatura.
