El Tribunal reclama que estas sociedades, las cuales muchas de ellas se dedican a actividades inmobiliarias, pasen la titularidad de los inmuebles, así como sus beneficios o deudas, al partido para facilitar su fiscalización en la contabilidad global.
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas censura el trasiego de fondos, sin documentación acreditativa, entre los partidos y sus fundaciones.
El Tribunal de Cuentas ha observado participaciones en el capital de diversas sociedades mercantiles que, en algunos casos, dificultan el seguimiento y control por dicho Tribunal.
El objeto social de estas sociedades lo constituye, fundamentalmente, la realización de actividades de edición de medios de comunicación y actividades promotoras de construcción de sedes y locales para uso del partido y esto entraña, según el Tribunal, una gran dificultad a la hora de controlarlas y determinar su relación con la contabilidad del partido.
Por estas razones, el Tribunal de Cuentas considera necesario establecer en la normativa aplicable mecanismos de control sobre la incidencia que las relaciones de las formaciones políticas con las fundaciones y sociedades mercantiles pudieran presentar en su financiación y actividad.
