Todos coincidieron en la necesidad de que las reformas vayan acompañadas de una mayor financiación, porque las Comunidades Autónomas no pueden asumir su coste, y en que hay que profundizar en la descentralización para acercar la Administración de Justicia al ciudadano.
Los Consejeros solicitan la descentralización de la gestión de personal, la redefinición de las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y que en el Tribunal Constitucional estén representadas las sensibilidades autonómicas.
Consideran que un año después del Pacto no se ha avanzado en el objetivo esencial de adaptar la Administración de Justicia a la realidad del marco competencial de las Comunidades Autónomas.
Estos Consejeros de Justicia afirman que si se ha producido una mejora en el funcionamiento de la Justicia en España es porque las Comunidades transferidas están haciendo un esfuerzo económico importante.
También se insistió en que como no se haga una reforma con detenimiento, la Administración de Justicia no podrá estar cerca del ciudadano y esto sólo puede lograrse con más financiación del Estado.
