El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre las medidas adoptadas por su departamento para abordar la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Campo ha desgranado los hitos de la hoja de ruta consensuada que ha desplegado el Ministerio de Justicia en la fase de contención de la pandemia y en el escenario de desescalada que se inicia ahora, y que ha encuadrado dentro del plan #Justicia2030.

La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso presentado por un particular contra las restricciones a la movilidad establecidas en el artículo 7 del decreto del estado de alarma, ya que determina que la jurisdicción corresponde al Tribunal Constitucional.

El Tribunal Supremo deniega la medida cautelarísima que dos particulares presentaron contra la Orden del Ministerio de Sanidad por la que se autorizaba el 16 de abril a las Unidades de Defensa Nuclear, Biológica y Química (NBQ) de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) a utilizar determinados biocidas en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Tribunal Supremo ha denegado a la Asociación de Abogados Cristianos las medidas cautelarísimas por las que pedía la suspensión de la actividad y el cierre de las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo durante el estado de alarma. Los magistrados consideran que no se justifica la urgencia de la medida y ordenan que prosiga la tramitación de este recurso como medida cautelar, dando traslado a las partes para alegaciones.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) permite que "todos los jueces que lo deseen" pueden trabajar de forma presencial en los juzgados ante la evolución de la crisis sanitaria. No obstante, les recuerda que deben cumplir las indicaciones de la normativa sanitaria.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la necesidad de adoptar las medidas cautelares establecidas el pasado 21 de abril que obligaban al Gobierno regional a dotar medios personales y materiales a cuatro residencias de Alcorcón "de forma inmediata".

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un año y seis meses de prisión y al pago de una indemnización de 20.000 euros a un acusado de estafar a través de una página web en la financiación para la compra de un coche.

Por primera vez en su historia editorial, El Cronista se distribuye en edición electrónica antes de aparecer en formato impreso en papel, como se ha hecho siempre. La voluntad de esta edición, y la razón de su rápida preparación, radican en nuestro deseo de colaborar, desde la mejor técnica jurídica, al análisis y evaluación de las medidas adoptadas para la protección de la salud de los ciudadanos y combatir la crisis política, social y económica que se avecina.

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE de 5 de mayo de 2020). Texto completo.

Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON de 4 de mayo de 2020). Texto completo.

El día 5 de mayo de 2020 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de Ignacio González Vega, en el cual el autor considera que el derecho a la vida, la integridad física, la salud de las personas y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria, cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente, se erigen en el fin constitucionalmente legítimo para prohibir el derecho fundamental de manifestación.

El día 7 de mayo de 2020 se celebrarán on line las Jornadas “Libertad de expresión y periodismo en tiempos de pandemia”.

A continuación reproducimos el programa de las sesiones on line sobre “El Derecho público ante la crisis del COVID-19”, organizadas por la Universidad de Valencia, que tendrán lugar hoy, día 5, y el 8 de mayo.

El Tribunal Supremo establece que al no concurrir el requisito de la existencia de una plusvalía muy significativa o relevante, en relación con la que se habría generado por la venta de un inmueble equivalente en el mismo periodo de tiempo, dada la fuerte revalorización que se produjo en el mercado inmobiliario español en los años 2003 y 2004, no cabe apreciar enriquecimiento injusto, como tampoco abuso de derecho.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena impuesta a una inquilina por sustraer cosas y causar daños en la vivienda que tenía alquilada. Se apropió de objetos valorados en más de 120 euros y causó daños tasados en 90 euros.