Diario del Derecho. Edición de 14/07/2020
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 04/05/2020
 
 

La sociedad cautiva; por Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, fiscal de Sala del Tribunal Supremo

04/05/2020
Compartir: 

El día 4 de mayo de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda en el cual la autora opina que siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos.

LA SOCIEDAD CAUTIVA

El control de la acumulación de poder es el gran problema de la política. La democracia, único medio para alcanzar ese control, es la forma de gobierno de las sociedades abiertas que trajo la modernidad, en las que los individuos adoptan decisiones propias y participan en el ejercicio del poder, en contraposición a las sociedades arcaicas, tribales o colectivistas. Karl Popper jugó con la hipótesis inconcebible de una sociedad abstracta en la que los hombres no se encontrasen nunca cara a cara, donde los negocios fuesen concertados telemáticamente por individuos aislados. En esa sociedad despersonalizada, la vida transcurriría en el anonimato, el aislamiento y el infortunio. Esa hipótesis inconcebible se ha hecho realidad: muerte, enfermedad, pérdida de seres queridos, temor al contagio propio y ajeno, inaccesibilidad al diagnóstico y al tratamiento, inexistencia de instrumentos de protección A tanta aflicción se han sumado la impotencia del aislamiento y la amargura de la soledad. La tecnología proporciona recursos comunicativos e incluso impone una hiperconectividad, sustitutoria de la satisfacción emocional. Triste sustituto que ha sido -lo sabemos-, manipulado, monitorizado y pervertido desde el poder. Y aun con el alivio adictivo de la conectividad digital, los usuarios de internet, aislados y asustados, somos incapaces de vivir una vida común no monitorizada, incapaces de articular -más allá de la cacerolada- un sujeto liberador, un nosotros que haga valer su existencia y su libertad.

Por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio. Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad.

En primer lugar, padecemos el tardío abordaje de una crisis sanitaria -que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable; padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley de estado de alarma que, como regla general, impone la libertad y sólo como excepción temporal, su restricción y cuyo artículo 1.2 somete toda intervención a los principios de proporcionalidad y necesidad, que no han sido aplicados a los ciudadanos sanos. Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio. La pregunta es tan pertinente como el debate sobre las confusas y contradictorias respuestas que hasta ahora se han recibido.

Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad. Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma.

En su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados. En nuestro mundo relativista, la verdad se ciñe a la identidad entre nuestro pensamiento sobre las cosas y la realidad de las mismas cosas. Algo que guarda relación con la investigación y el juicio y que se concreta en la búsqueda de la verdad. A este uso común se añade un rasgo relacionado con la fe. Decir que una proposición, opinión o noticia es un bulo es invocar una norma que rige la fe y el juicio, para afirmar que esa proposición, opinión o noticia es indigna de asentimiento, no debe ser creída. Pero, ¿quién se erige en autoridad normativa de lo falso para separarlo de lo verdadero que-debe-ser-creído? ¿por qué y para qué lo hace? Las respuestas a estas preguntas se han tornado amenazas para quienes hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis.

Y, todo, al tiempo que los medios de comunicación vasallos nos martillean la representación idealizada del heroísmo de los profesionales (esos que son enviados al trabajo sin condiciones ni protección) y los diversos formatos del mensaje, irisado y pueril, de que “resistiendo”, “todo acabará bien”.

Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha. Asumen acríticamente que la salud y la seguridad exigen la restricción de nuestras libertades o minimizan su importancia, sin pensar que las amplias facultades ya otorgadas son peligrosas, pueden ser utilizadas equivocadamente y quizá ya lo están siendo. Los poderes del Estado deben gestionar la crisis y su recuperación, sí, pero han de hacerlo bajo estricto control de las instituciones democráticas, apoyadas por una ciudadanía activa, cuya acción crítica, a riesgo de introducir malestar y tensión, contribuya a la construcción de la ética pública. Si descuidamos la vigilancia y si no fortalecemos las instituciones democráticas de control, dándole más poder a quienes ya lo ejercen, no viviremos ya en una sociedad abierta. Habremos perdido nuestra libertad y no será una pérdida temporal.

Al margen de las cifras manipuladas, la magnitud del desastre se mide ya en términos de derrumbe social, moral y económico. En la falta de credibilidad de un sistema que sí dejó atrás a muchos, a todos los mayores de 80 años a quienes, en residencias y domicilios, se negó la hospitalización, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, sin discernir situaciones concretas; que envió y mantiene en primera línea sin protección, a los profesionales de la salud y el orden público, cuyo heroico esfuerzo es en sí mismo el más elocuente reproche; que sigue sin ofrecer tests a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada y sin reconocer las espeluznantes cifras de fallecimientos de las que dan cuenta los datos comparados del Registro Civil.

La recuperación es un apremio moral fundado en los apremios del dolor y el sufrimiento. Muchos creemos que la solidaridad guarda relación con la evolución humana y que vale la pena ejercerla a la hora de encarar -en el sentido genuino de visión de la cara de otro- el futuro deliberando juntos, sin exclusión alguna, sobre los hechos y el alcance de los deberes respectivos. Nuestra sociedad, pese a la estupefaciente industria del entretenimiento y la propaganda oficial, es capaz de elevar el punto de mira y repensar los grandes temas de la justicia social, la libertad personal y de empresa, capaz recuperar la actividad económica que pueda acabar con el paro y la pobreza. Los ciudadanos seguimos siendo la gran esperanza de la política pero ahora, más que nunca, hemos de luchar por el Derecho y por los derechos, amenazados por la enfermedad, la parálisis económica, la revolución tecnológica, la manipulación digital y los abusos del poder. Hemos dado muestras de compromiso y responsabilidad y estamos dispuestos pero los responsables públicos no deben engañarse.

Ningún sacrificio más podrá exigirse, nada será posible, sin un reconocimiento público de la magnitud de la tragedia, sin el duelo, la memoria y la honra de sus víctimas, sin un análisis serio de todas sus causas, de las acciones y omisiones concurrentes en cada caso, sin la investigación y evaluación de la imprevisión y las dejaciones, de las probables imprudencias y los posibles fraudes, sin la exigencia de las responsabilidades que en su caso resulten, sin la pronta rectificación de los errores, la reparación de los daños y la compensación del sufrimiento. Es lo mínimo que debe ofrecerse a ciudadanos libres dispuestos a asumir esfuerzos.

Comentarios - 8 Escribir comentario

#8

Sus comentarios son ilustrativos de la “realidad inversa” a la que aludía. Comprendo que para Ud., el “Estado de Alarma” sea un “Estado de Excepción” y también que no existe control parlamentario del “Estado de Alarma”, por eso asistimos cada 15 días al espectáculo bochornoso de las prórrogas que los grupos políticos —con su apoyo, abstención o negación — ejercen para convalidar o rechazar las mismas. ¿O es que lo que vemos y escuchamos es una ilusión óptica?.

Y Ud., lo borda cuando afirma que desde el Antiguo Régimen no ha existido independencia judicial. Dicho así, con esa contundencia, casi me convence. Otra vez la “realidad inversa”. Debe ser que la Fiscal Mariscal hubiese podido escribir en ¡AQUEL TIEMPO! contra el Antiguo Régimen como lo ha hecho ahora.

Y claro que comparto su indignación con lo que sucede en las residencias de ancianos, especialmente si nos preguntamos por qué. Mi crítica a la Fiscal en este asunto se debe a la falta de precisión en el lenguaje de una autoridad judicial, que confunde el todo con la parte, por mucho que esa parte sea dolorosa. ¡Y es que es una Fiscal quien escribe, no Perico de los Palotes!. ¿O no?.

Escrito el 30/05/2020 0:34:51 por dabadg13 Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#7

En respuesta a dabadg13.- ( y 2) … Por lo demás, no seamos ingenuos, ya hace años que Alfonso Guerra reconoció que Montesquieu había muerto y Alejandro Nieto, en El Desgobierno Judicial, demostró que, desde que acabó el Antiguo Régimen, no ha habido en España ni un solo año de independencia judicial. Eso sí, que los juristas se estén callados y sumisos al poder. La crítica de usted se limita a matar al mensajero. Y cuando pretende ir más allá, no hay quién se crea lo que usted nos cuenta. Porque sí que es más cierto que los ancianos, en muchas residencias, han sido abandonados a su suerte, por más que se intente tapar. Y usted lo deja en si han sido todos los ancianos o solo una parte de los ancianos. Pues mire usted, en una residencia de Hellín donde trabaja una enfermera conocida mía, de 150 ancianos, han muerto, en el último mes, más de 40, de los que solo menos de 10 fueron llevados al hospital. Y por supuesto, mi amiga terminó contagiándose y muchos de sus compañeros también.

Escrito el 17/05/2020 20:54:48 por xyz Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#6

En respuesta a dabadg13.- (1) La cuestión es qué diría usted si, en vez de un miembro del cuerpo judicial, el artículo lo hubiese escrito Perico el de los Palotes, o la propia autora con pseudónimo, o si el artículo fuese anónimo, como se escribía en otros tiempos para evitar la censura (¿autor del Lazarillo?), así es que menos mojigatería, por favor, y menos rasgarse las vestiduras democráticas, precisamente en medio de un estado de alarma que en realidad es un estado de excepción sin el control parlamentario que ese estado demanda, según la ley que lo regula (no hace falta ser Consuelo Madrigal para darse cuenta de eso, y lo que duele es que sea ella, en vez de Perico el de los Palotes, la que lo haya dicho, no por la interferencia entre poderes, sino por tratarse de una opinión autorizada. La cual habla de algo que nos toca a todos, y no como Pablo Iglesias, cuando, en análoga interferencia, criticó al poder judicial, porque entonces era sobre algo que solo le tocaba a él y a su partido).

Escrito el 17/05/2020 20:53:52 por xyz Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#5

Doy continuidad a mi comentario anterior, inconcluso por limitación de espacio:
La concatenación de hechos e interpretaciones del artículo me producen una enorme preocupación viniendo de una autoridad judicial -antes Fiscal del Estado (2015/16) y firmante de manifiestos contra el aborto- por lo mucho que se parecen a los argumentos que vienen utilizando algunos partidos que alimentan los bulos (¡MENTIRAS!) intentando crear una realidad paralela, si bien yo le llamo “realidad inversa”.
Claro que ya puestos me gustaría conocer la opinión de la Fiscal Madrigal sobre el bloqueo del PP a la renovación del los órganos del Poder Judicial: Consejo, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Y el PP se arroga el título de “constitucionalista” para diferenciarse de otros partidos. ¿No parece raro este bloqueo cuando está pendiente de sentencia la posible condena a ese mismo Partido por financiación ilegal, ya acreditada, y la consecuente ilegalización del mismo para presentarse a nuevas elecciones?.
Un poco más de respeto a los ciudadanos y a la Institución que representa. No ofenda la inteligencia de los demás, por favor.

Escrito el 07/05/2020 17:05:58 por dabadg13 Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#4

El artículo tiene su fondo sobre poder y derechos en democracia. Sin duda. La cuestión es la orientación de todo su artículo, dando por ciertos hechos que en muchos casos son claras interpretaciones. No es cierto que se haya abandonado a todos los mayores, por más que en alguna/s CCAA haya podido suceder también en algunos casos, ni que la democracia no pueda defenderse de los ataques para destruirla con bulos (mentiras) que alarmen y puedan multiplicar el riesgo en una situación como la que estamos viviendo. Hay otras cuestiones muy matizables como las ayudas a los medios y otras más.
Cuando se utiliza una parte como el todo (caso de los mayores), cuando se defiende el bulo (mentira) en una sociedad democrática y ni siquiera se cuestiona (por favor mire al final de la página y comprueba lo que dice si quieres dejar tu opinión: ¿le sorprende ver cómo se protege la Ley?) estamos hablando de sesgo. Cuando se cuestiona las ayudas a medios (son empresas como todas aquellas a las que se intenta salvar y acusa de vasallaje a esos medios. No hay más que ver al ABC, La Razón o el propio El Mundo propiedad del Sr. Berlusconi, y tantos medios regionales escritos, radiofónicos y TV’s lo sumisos que son con el Gobierno) porque quizá, solo quizá, hubiese preferido que cerrasen para que los bulos (mentiras) campasen a sus anchas por la Red y los ciudadanos quedasen desvalidos. Y qué decir del Estado de Alarma decretado por el Gobierno y apoyado por mayorías parlamentarias, que por cierto ignora la Fiscal, pues que la valoración debemos hacerla cuando se levante el Estado de Alarma, porque entonces podremos valorar con perspectiva si la medida ha respondido a controlar la crisis o a desvirtuar la democracia.

Escrito el 07/05/2020 17:03:43 por dabadg13 Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#3

Es triste lo que está pasando en España y lo peor que está por venir con este gobierno liderado por Pedro Sanchez y Pablo Iglesias ambos comunistas al estilo castrista-chavista-madurista anclados en el stalinismo. Triste es la baja calidad del pueblo español por permitirlo. Estamos perdiendo la poca democracia que nos queda e instaurandose una dictadura comunista. No podemos consentir que esto se convierta en una Venezuela destruida por el comunismo bolivariano. Yo he puesto una queja formal ante el Defensor del Pueblo por la pesima gestión del gobierno ante la pandemia Covid-19. Los españoles que no estén de acuerdo con la gestión del gobierno deberian todo y cada uno quejarse al Defesor del Pueblo. Es nuestro derecho y deber constitucional hacerlo por España y los españoles.

Escrito el 04/05/2020 23:19:35 por RPRS Responder Es ofensivo Me gusta (1)

#2

Seamos realistas, esto es España. Cada uno es hijo de su padre y de su madre y en este Estado partitocrático la democracia es tan solo una palabra que se supedita a las necesidades del poder de turno, sea estas cuales sean. La mayor aspiración de no pocos españoles es entrar a trabajar en una de las mil administraciones que soportamos o en Tele5.

Atentamente,

Manel Pérez

Escrito el 04/05/2020 18:40:00 por mperezcasas Responder Es ofensivo Me gusta (0)

#1

Los causantes de los homicidaios son los Presidents de las Comuniades utores del desmantelamiento de la Sanidad pública: sin camas, ni médicos, ni enfermeros, ni auxiiares, ni limpadores. Sin formación para manejar las UCI que no había ¿para qué formarlos?, sin equipos ni para protegerse ellos; ¿para qué respiradores para proteger a los enfermos?
Solo reconozco un pecado: la soberbia, y una virtud; la persevrancia. Estos Presidentes son virtuosamente pecadores.
Han perseverado en la corrupción llenos de soberbia. Saben que son impunes en un país donde no pasa nada cuando "alguien" se va con un maletín lleno de millones de euros a meterlos en un banco suizo, de esos que "blanquean el dinero", como cualquier mafioso de pelicula, con el dinero en efectivo, cuando no lo es; es un mafioso real.
Unos millones que heredará su hijo, que le ha sucedido en su empleo fascista desde el que educa a sus hijas para que le sucedan a él y hereden esos millones blanquedos y todos los demás de los que no nos hemos enterado ¡porque no queremos!
¿Derechos como ciudadanos libres? ¡Pero si sólo somos "súbditos!

Escrito el 04/05/2020 17:16:34 por Alfonso J. Vázquez Responder Es ofensivo Me gusta (0)

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2020

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana