El Tribunal Supremo ha condenado a siete años y siete meses de cárcel a un hombre por acosar a su expareja e instalarle una aplicación en el móvil para someterla a su control, amenazándole con matarla si la desinstalaba, en Mallorca.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas impuestas a una mujer y dos hombres por engañar a otra mujer de nacionalidad paraguaya que se encontraba en España en situación irregular haciéndola creer que le darían trabajo cuidando de ancianos para retenerla, robarla, violarla y forzarla a ejercer la prostitución.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz de once años y seis meses para dos agentes de la Guardia Civil por colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico cuando estaban destinados en el puerto de San Roque.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado sentencia en la que anula una resolución de la Audiencia de Pontevedra, que absolvió a un profesor de matemáticas de un delito de agresión sexual hacia una alumna menor, y ha ordenado devolver las actuaciones al tribunal de primera instancia para que "valore debidamente la prueba omitida y dicte una nueva sentencia".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en una sentencia pionera en España, ha condenado al Sacyl a indemnizar a los familiares de una paciente, M.P.G, que falleció tras contagiarse de Covid-19 en el Hospital Río Carrión (Palencia).

La Audiencia de Valladolid ha impuesto una condena de un año y medio de cárcel empresario de origen marroquí AI, quien fue detenido en 2022 por la Policía Nacional acusado de explotar a trabajadores extranjeros en el ámbito agrícola y a los que mantenía hacinados en viviendas insalubres y sin luz.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a cuatro hombres por secuestrar a otro que creían que se había quedado con dos fardos de droga, en concreto hachís, que habían aparecido días antes.

Iustel presenta, dentro de su fondo editorial, la obra “Lecciones y materiales para el estudio del Derecho Penal. Tomo III: Derecho Penal. Parte Especial. Dos Volúmenes”. Estas lecciones, redactadas por Catedráticos y Profesores de diversas universidades, pretenden facilitar la enseñanza del Derecho penal ajustada a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior.

El día 16 de enero de 2024, se ha publicado en el diario ABC, un artículo de Victoria Camps en el cual la autora opina que una cultura basada en la cooperación, la confianza en el otro, la aceptación de la diversidad y voluntad de unión al mismo tiempo, es fundamental para lograr pactos destinados a eludir conflictos tan esperpénticos como lo fue el ‘procés’ en Cataluña. Los nacionalismos sin Estado no tienen techo, se ha repetido hasta la saciedad, puesto que su fin último es el Estado propio y no cesarán en el intento hasta lograrlo: “Ho tornarem a fer”.

La XIII edición del Congreso Internacional sobre Contratación Pública vuelve a ser presencial y se celebrará en el Paraninfo del Campus Universitario de Cuenca, los días 5, 6 y 7 de febrero.

El Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, acordó en 2023 la creación de la Comisión para la Inclusión de la Discapacidad en el Arbitraje y Eliminación de Barreras (CiNDA), presidida por el Prof. Dr. Julio González-Soria, que va a celebrar el próximo 16 de enero de 2024, a las 19h, en la sede de la Corte de Arbitraje Internacional de Madrid (CIAM) el I Encuentro CEIA CiNDA para la Inclusión de la Discapacidad en el Arbitraje.

Se estima la acción de regreso del art. 1145 del CC por deuda pagada por el actor -codeudor- derivada de un préstamo solidario concedido a los litigantes y garantizado con una hipoteca sobre un inmueble cuya titularidad dominical les corresponde por partes desiguales.

Se plantea ante la Sala si las empresas prestadoras de servicios de terapia respiratoria domiciliaria que incluyan el suministro de gases medicinales a los usuarios finales, sin posibilidad de subcontratación de esta prestación, precisan o no tener la condición y/o las autorizaciones previstas en los arts. 52 y 67.3 del RD-Leg. 1/2015, por el que se aprueba el TR de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para poder llevar a cabo dicho suministro.