VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La condena ha sido pactada entre el encausado y el fiscal del caso, de forma que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha sido escenario de una breve vista en la que AI. se ha limitado a ratificar el acuerdo, frente a los cuatro años de prisión que inicialmente solicitaba para él la acusación pública.
El acuerdo recogido por Europa Press, además del año y medio de prisión por delito contra los derechos de los trabajadores, incluye el pago de una multa de 810 euros y la obligación de indemnizar a sus tres víctimas con 2.000 euros a cada una.
El 'explotador' laboral, sin embargo, no ingresará en prisión al haberse acordado la suspensión de la ejecución de la condena. Ello le obliga a no volver a delinquir durante los tres próximos años y a abonar tanto la multa como las indemnizaciones en un plazo de dos años, a razón de 283,75 euros al mes en dicho periodo.
La investigación que llevó a la detención del ya condenado, de 40 años, se produjo en el marco de la operación 'Saigo' a raíz de una investigación que se inició durante los meses de febrero y marzo de 2022. Las pesquisas se centraron en un empresario que residía en la ciudad de Valladolid desde hace más de diez años y que constituyó una empresa individual en el año 2013 para dedicarse a la prestación de servicios en el ámbito agrícola.
Concretamente, proporcionaba mano de obra para la realización de labores agrícolas intermediando muchas veces entre los jornaleros y los propietarios de las fincas.
Para ello, localizaba y contactaba con posibles trabajadores en diferentes puntos de España y los integraba en cuadrillas formadas por ciudadanos extranjeros en situación irregular, asegurándose así la sumisión a las condiciones laborales impuestas, al tratarse de personas en situación de necesidad o vulnerabilidad por no poder acceder a un empleo legal remunerado.
MÁS DE DIEZ HORAS
Las víctimas realizaban jornadas "maratonianas" de más de diez horas diarias, llegando incluso a trabajar de noche si la prestación del servicio agrícola lo requería. Sus víctimas no tenían derecho a descansos ni vacaciones.
El condenado tenía dos viviendas arrendadas sin condiciones de habitabilidad e higiene, una en la calle Hospital Militar de Valladolid y la otra en la calle Eras de Íscar, en las que daba cobijo a sus trabajadores. En la primera convivían 14 personas y en la segunda hasta cuarenta en condiciones insalubres, sin luz eléctrica e incluso dormían en colchones sobre el suelo.
La Tesorería General de la Seguridad Social de Valladolid y las Inspecciones Provinciales de Trabajo de Valladolid y Ávila habían realizado numerosas actuaciones con la empresa unipersonal del detenido, por lo que en el año 2021 el encartado constituyó una nueva Sociedad Limitada figurando como socio y administrador único pero dedicándose a la misma actividad bajo otra denominación con la finalidad de tratar de eludir la actuación inspectora.
El detenido aumentaba exponencialmente su beneficio económico por no cubrir el pago de sus trabajadores, a los que solo entregaba mínimas cantidades de dinero para poder subsistir.
En algunos casos llegó a adeudar a los trabajadores importes que ascendían a más de 4.000 euros y las gestiones de investigación concluyeron que la nueva empresa del detenido había facturado más de 300.000 euros.
