Los daños producidos en el medio ambiente durante el último siglo han afectado de manera significativa al ecosistema, la salud de las personas y ha provocado un cambio en la mentalidad de los Estados y de los ciudadanos en relación con este fenómeno. El futuro y la supervivencia del ser humano pasa por cuidar y mantener nuestro planeta, y en estos años el desarrollo industrial generó nuevos retos a los que se debe enfrentar las organizaciones internacionales y los Estados.
La verdadera lucha social del siglo XXI es conseguir un equilibro entre el desarrollo de los pueblos y mejorar el medio ambiente. Estos dos conceptos que en la mayoría de las ocasiones entran en conflicto deben trabajar de manera conjunta para llegar al deseado desarrollo sostenible.
La Unión Europea ha sido pionera y se encuentra a la vanguardia de la adopción de medidas para proteger el medio ambiente. Desde 1970 se encuentra regulando de manera incesante cualquier cuestión que pueda afectar al medio ambiente, ya sea la capa de ozono, el cambio climático, la calidad del agua o el mantenimiento de la flora y fauna de la región.
Para conseguir mantener un medio ambiente “sano” la Unión ha optado por tomar medidas coercitivas a través del Derecho penal. Lo primero armonizando una serie de conductas en todo el espacio europeo, para a continuación implementar un mayor nivel de seguridad con la creación de nuevas conductas delictivas, ya que el fenómeno de los daños al medio ambiente no es un fenómeno local, sino que afecta a todos los Estados y la puesta en marcha de acciones debe realizarse de manera conjunta.

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