Muchas veces se ha dicho que nuestro Estado de las autonomías es un Estado federal inacabado. Por diversas razones, entre las que no es menor el rechazo visceral que aún suscita la palabra ‘federal’ entre un buen número de españoles, la Constitución acuñó un modelo de organización territorial a medio camino entre lo que para unos fue insuficiente y para otros desmedido. No fue una solución equivocada. En democracia, las buenas decisiones son las que no satisfacen del todo a ninguna de las partes. Además, con deficiencias constatables, pero también con logros reconocibles, el invento ha funcionado durante 45 años. Hasta ahora, en que el conflicto territorial amenaza con monopolizar la confrontación política de los próximos años.
Creo que el conflicto merece ser abordado con voluntad sincera de templar los ánimos y reconducir las discrepancias hacia un entendimiento común. Y creo asimismo que, si algún pacto se consigue, lo razonable sería avanzar hacia un modelo más federalizante, que renuncie a las posiciones extremistas de ambas partes y discurra por el término medio de una serie de reformas posibles y abordables, más realistas que los planteamientos que implican la tarea hoy por hoy improbable de cambiar la Constitución.
Sabemos que no hay un modelo único de Estado federal, que los existentes se han ido construyendo a partir de situaciones originarias diversas, que han partido bien de la voluntad de unión o de descentralización, pero siempre fieles al objetivo primordial de unir lo diferente o reconocer las diferencias en un marco de unidad. Los Estados plurales de estructura federal mantienen la unidad estatal y las diferencias territoriales sin llegar a consensos definitivos; son procesos dinámicos que revisan constantemente sus acuerdos sobre la autonomía de los distintos territorios. Unos acuerdos que, en nuestro caso, deberían ir dirigidos a clarificar la distribución de competencias entre las comunidades autónomas, a elaborar un nuevo modelo de financiación que asegurara la igualdad de los españoles en el acceso a las prestaciones básicas, a convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial con nuevas funciones. Son propuestas repetidamente manifestadas en documentos políticos y académicos, que no contentarían definitivamente a nadie, pero conseguirían mejorar el encaje interterritorial.
Ni siquiera haría falta utilizar la palabra ‘federal’ como motivo impulsor de las negociaciones. Si hablar de federación todavía asusta a ciertas mentes, prescindamos del concepto y vayamos a los hechos, como propone Raimon Obiols, que ve en el “federalismo de los hechos” (‘federalisme dels fets’) una opción tal vez más inteligente que la de configurar a priori un modelo de estado federal. Si federar el Estado español es un proceso abierto, qué necesidad hay de predeterminar en qué momento convertimos el Estado de las autonomías en un modelo distinto. No nos agarremos a una etiqueta que, lejos de facilitar los acuerdos, los complica.
Pero a mi juicio lo más importante para evitar que las negociaciones encallen al tropezar con la primera discrepancia es convencerse de que el avance hacia una serie de acuerdos y reformas dirigidos a reformular el encaje de las autonomías, y en concreto la de Cataluña, en España, servirán de muy poco si no van acompañados del esfuerzo por labrar una cultura federal hasta ahora inexistente. Una cultura basada en la cooperación, la confianza en el otro, la aceptación de la diversidad y voluntad de unión al mismo tiempo, es fundamental para lograr pactos destinados a eludir conflictos tan esperpénticos como lo fue el ‘procés’ en Cataluña. Los nacionalismos sin Estado no tienen techo, se ha repetido hasta la saciedad, puesto que su fin último es el Estado propio y no cesarán en el intento hasta lograrlo: “Ho tornarem a fer”. Pero la base social que apoya esta idea no es mayoritaria en Cataluña, los partidos nacionalistas lo saben y por eso, aun a su pesar, se pliegan a la negociación. El propio pragmatismo que los anima debiera llevarlos a adoptar actitudes sensatas y a sostener una mirada más larga y amplia que la obsesión estrecha y partidista.
No hace falta recordar que las condiciones políticas actuales, de frentismo y polarización, son las peores para avanzar hacia la conformación de ese nuevo ‘ethos’ que deberían cultivar tanto las instituciones como la ciudadanía en general. El griterío político está siendo masivamente repudiado por la sociedad que no ve en el ruido otra cosa que motivos crecientes para desconfiar y desconectar de la política. Los pactos importantes tienen que ser pactos de Estado, que congreguen a todos los partidos, por divergentes que sean sus ideologías respectivas. El intento de ir construyendo una ‘voluntad general’, más allá de las voluntades particulares, no prospera sin una actitud respetuosa hacia el otro. Las federaciones son pactos, no imposiciones. En una federación lo que funciona es la multilateralidad, no las reivindicaciones bilaterales ni los agravios comparativos.
Las crisis sucesivas que estamos sufriendo son muestras evidentes de que la cooperación es imprescindible cuando los problemas son graves. La pandemia no se hubiera gestionado con la eficacia con que se hizo si los partidos políticos y los gobiernos autonómicos no hubieran sido capaces de aparcar sus diferencias y coordinarse entre ellos potenciando las funciones del Consejo Interterritorial. Estamos empantanados en una serie de problemas que sólo pueden abordarse en profundidad con una coordinación a todos los niveles, del local al global. Ahora mismo, la sequía que se ceba especialmente en Cataluña está pidiendo a voces un modo más federal de entender el territorio dado que, como dice Gonzalo Delacámara, son los ciudadanos y no los territorios ni los pueblos los sujetos de Derecho. A nivel europeo, ni la crisis migratoria ni el cambio climático son abordables desde intereses particulares. A nivel internacional, en una clave más utópica pero no desdeñable, la solución federal fue invocada hace siglos por el abad de Saint Pierre y por Kant como la única vía hacia la paz.
“Del mismo modo que no es posible la democracia sin demócratas, tampoco es realista considerar que se pueda implantar un sistema federal que carezca, no ya de cultura, sino de sujetos dotados de voluntad federalista”, escribía hace poco Ana Carmona en un excelente artículo de ‘El Cronista’. Las leyes no bastan cuando nadie cree en ellas. La cultura o el espíritu federal se adquieren con voluntad de ser y actuar con vistas a unos objetivos comunes, las virtudes de la cooperación, la lealtad y la confianza se cultivan desde el convencimiento de que los modales son importantes porque son la expresión del respeto que se deben quienes dicen estar trabajando para resolver problemas y por el bien de todos. Como dijo Manuel Cruz, el federalismo no es otra cosa que “la expresión política de la fraternidad”.
