MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
De este modo, señalan que han recibido 278 solicitudes instando a que interponga recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, por la que la lobo salió del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Desde entonces y hasta hace dos semanas, en Cantabria se habían llevado a cabo 16 de las extracciones previstas este año tras recuperar el plan de gestión del cánido, cupo al que se suman otras cinco muertes de ejemplares por diferentes causas (atropellos y enfermedad).
Las disposiciones citadas, que fueron presentadas por varios grupos parlamentarios como enmiendas a la Ley 1/2025, tienen que ver con una posible desactivación de la protección del lobo.
Según señala la Oficina del Defensor del Pueblo --que ha informado a los solicitantes de la interposición del recurso-- el lobo es una especie protegida en virtud de Ley 42/2007, de 3 de diciembre de Patrimonio Natural de la Biodiversidad y forma parte, como animal silvestre, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
La institución tras analizar las solicitudes recibidas, ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad por estimar que estas tres disposiciones vulnerarían los artículos 45 --derecho al medioambiente-- y 24.1 de la Constitución --derecho a la tutela judicial efectiva--.
El Defensor del Pueblo ha respondido por carta a las asociaciones que han solicitado el recurso de inconstitucionalidad --como ASCEL, que la presentó el 7 de abril; o PACMA-- para comunicarles su decisión.
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo estatal dice que la disposición final decimonovena de la norma, la que saca al lobo al norte del Duero del LESPRE, "constituye un ejemplo de ley singular autoaplicativa, una ley que no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad, material y típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto, y que no cumple con el canon fijado para las leyes de esta naturaleza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".
Además, incide en que la disposición adicional octava y la disposición transitoria única "no cumplen con el mandato derivado del artículo 45 de la Constitución de cohonestar la actividad económica con la protección del medio ambiente, ponderando todos los valores constitucionales protegibles".
La primera establece que las autorizaciones excepcionales para cazar lobos --y cualquier especie depredadora con alto impacto en el sistema productivo incluida en el LESPRE-- podrá justificarse en "la eficiencia del sistema productivo", además de las otras razones ya previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La segunda marca la salida inmediata del LESPRE de las poblaciones de lobo al sur del Duero en caso de que se modifique su régimen de protección a nivel comunitario, algo que ya ha sucedido.
DIFERENTES BATALLAS POLÍTICAS Y JUDICIALES POR LA CAZA DEL LOBO
Las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que rebajan la protección del lobo fueron incluidas por el Senado como enmiendas al proyecto de ley y aprobadas por el Congreso en marzo con los votos de PP, Vox, PNV y UPN (y Junts, en el caso de las disposiciones que abrían la posibilidad de ampliar la eliminación de la protección especial de la especie al resto de España y no solo al norte del Duero).
Así, se limitó la protección del LESPRE a las poblaciones de lobos al sur del Duero. El mes pasado entró en juego la disposición transitoria de la Ley de Desperdicio Alimentario que excluía también a estas poblaciones del LESPRE una vez la Unión Europea (UE) rebajó el estatus de protección del lobo en la Directiva Hábitats.
Desde entonces, comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y Galicia presentaron planes de caza de la especie que organizaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción amenazaron con recurrir. De hecho, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra fueron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para instarle a que dejara en suspenso la resolución que autorizaba la extracción de lobos en Cantabria, petición que finalmente el Alto Tribunal desestimó.
Transición Ecológica transmitió a los medios la semana pasada los principales datos del Informe sexenal con el censo del lobo que tiene que remitir a Bruselas tras su aprobación por parte de las comunidades autónomas. Este arrojó una cifra de 333 manadas y de entre 1.600 a 1.700 lobos, un crecimiento del 12% con respecto al censo anterior (el de 2012-2014). De acuerdo con el Ministerio, los números no alcanzan las 500 que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.
En este marco, fuentes de Transición Ecológica incidieron en que el lobo está en estado desfavorable en España y por tanto "no puede haber controles letales de la especie", remitiéndose al criterio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.
Tras una Comisión Sectorial de Medioambiente que el PP criticó por su "tono bronco, despectivo, con faltas de respeto, encontronazos y salidas de tono", el Informe sexenal finalmente se estudiará el próximo día 11 de julio.
REBAJA DE LA PROTECCIÓN DEL LOBO A PROPUESTA DE BRUSELAS
El Convenio de Berna, el acuerdo internacional que rige la protección de la fauna en Europa del que forma parte la Unión Europea (UE), votó en diciembre a favor de modificar el estatus del lobo de 'estrictamente protegido' a 'protegido' a propuesta de Bruselas. Después de que la decisión entrara en vigor en marzo, la Comisión Europea propuso una revisión específica de la Directiva de Hábitats para adaptar las normas comunitarias a ella.
La revisión, que se formalizó en junio, implica que las medidas de conservación y gestión de los Estados miembros deberán alcanzar y mantener un estado de conservación favorable de la especie. Además, los Estados miembros seguirán teniendo la posibilidad de mantener un nivel más elevado de protección del lobo, si la legislación nacional lo considera necesario.
Asimismo, la UE seguirá financiando y apoyando medidas de coexistencia y prevención, y en principio se mantendrán las ayudas estatales para compensar a los ganaderos afectados.
