LA DEMOLICIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL
Supongo que no concitará mucha aprobación decir que hace muchos años que el sistema político español está degradándose. Ese proceso, en mi opinión, es muy anterior a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno. Pero quizá sí haya más acuerdo si digo que desde que está Pedro Sánchez en la Moncloa el régimen político español sufre un deterioro acelerado. Esta degradación no solo se halla en la selección de los principales órganos del Estado, sino en la corrupción de sus funciones.
La lista de órganos del Estado cuya composición ha quedado afectada por este proceso es larga: Gobierno, Congreso, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado (FGE), Consejo de Estado, RTVE En unos casos, o bien se eligió algunas personas claramente no idóneas en el mismo momento de la elección (Tribunal Constitucional, CGPJ, RTVE, Consejo de Estado, FGE) o se ha mantenido (bien por no ser destituidas o por no haber dimitido) a personas que después de alcanzar el cargo se han visto envueltas en escándalos que las incapacitaban para seguir en su puesto (es el caso de numerosos ministros o de la presidenta del Congreso de los Diputados).
Pero ocurre que en algún otro caso se ha llegado al extremo de que una persona que ya era dudoso que cumpliera los requisitos para acceder al cargo (¿era Álvaro García Ortiz un “jurista de reconocido prestigio”?), una vez llegado al mismo se ha mantenido aferrado a este pese a estar imputado por el mismísimo Tribunal Supremo. Conviene recordar que el artículo 124.1 de la Constitución dispone que el Ministerio Fiscal “tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad (y) de los derechos de los ciudadanos”.
¿Puede alguien acusado de revelar secretos de un ciudadano (vulnerando así su derecho a la intimidad), promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos? Es ya evidente que García Ortiz no hace ademán de dimitir, pero no es menos preocupante que el Gobierno no le destituya invocando el artículo 31.1.e de la Ley del Estatuto del Ministerio Fiscal por haber incurrido en un “incumplimiento grave” de sus funciones.
Porque si una conducta por la que se le ha abierto una causa penal no es un “incumplimiento grave” ¿Qué es ya un “incumplimiento grave”?
El sistema también se deteriora por otra vía. Cuando los órganos del Estado llevan a cabo tareas que exceden de sus funciones o no se ajustan a las competencias asignadas constitucionalmente, el sistema también se deteriora. No podemos olvidar que, pese a alguna confusa fórmula, la Ley Orgánica 1/2024 de Amnistía, en varios pasajes de su exposición de motivos (“Preámbulo” la llama) atribuye a las Cortes Generales, un poder constituido, representar la “soberanía” y llega a confesar que la “amnistía” es “un acto soberano de las Cortes Generales”. Atribuir “soberanía” a las Cortes Generales no es otra cosa sino convertirlas en un poder constituyente.
Con estos antecedentes, ¿quién puede extrañarse del último disparate que es intentar tramitar como una “proposición no de ley”, una modificación de la Constitución que dice, con toda claridad, que nadie puede obligar al presidente del Gobierno a presentar una cuestión de confianza? No basta decir que esto es una iniciativa no vinculante. Conviene recordar que ya el Tribunal Constitucional en su día declaró que tramitar incluso como proposición no de ley un asunto sobre el que no se tiene competencia es inconstitucional. Fue el caso cuando el Parlamento regional catalán aprobó una “resolución” (no legislativa) pidiendo la abolición de la Monarquía (STC 98/2019).
¿Y qué decir del uso del Ejército para transportar a la Península a personas que entran ilegalmente en España a través de Canarias violando nuestras fronteras?
Nadie parece ser consciente de que el uso de los órganos del Estado para hacer lo que no les corresponde supone una pérdida o distracción de energías y recursos. Cuando los españoles se están empobreciendo cada vez más hasta el extremo de que el fin de las ayudas al transporte público sea una “tragedia”, los órganos del Estado no solo debieran estar compuestos de personas capaces, sino que debieran ejercer sus funciones con la única mira de la promoción del bien común.
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