UN ESTADO INCAPAZ DE PROTEGER LA VIDA Y LOS BIENES
La catástrofe de Valencia nos ha puesto delante de los ojos, de la peor forma posible, las disfunciones estructurales de nuestro sistema autonómico. Dejando de lado la mediocridad absoluta de nuestra clase política, su falta total de liderazgo y hasta de simple capacidad de gestión, lo cierto es que los avisos de que algo así podían ocurrir ya estaban ahí para quien los quisiera ver. En primer lugar, porque nuestras administraciones públicas son incapaces de planificar con tiempo y de realizar el esfuerzo de consenso que requieren políticas a medio o largo plazo. Todas y cada una de ellas son reactivas frente a los acontecimientos, sean grandes desastres más o menos previsibles, o la construcción de vivienda pública. Llevamos así mucho tiempo y la situación solo ha empeorado dado que aunque el diagnóstico sobre esta falta de capacidad es unánime entre los expertos. Pero a nadie, al parecer, le interesa una cuestión que es vital, en el sentido literal de la palabra.
En este caso no me refiero sólo al aviso a la población con tiempo suficiente, lo que evidentemente no se produjo. Los ciudadanos estaban confiados, tanto en base a experiencias previas de otras gotas frías como a su propia percepción subjetiva (no llueve tanto) de que algo así no podría suceder. Y, sin embargo, el Levante español es una zona de riesgo clara debido no sólo al calentamiento climático y a la elevación de la temperatura del Mediterráneo, sino a otros factores orográficos e hidrológicos bien conocidos. A posteriori nos enteramos de que las alertas, no sólo las inmediatas, sino también las estructurales, existían. Lo que no existía era la capacidad de planificar nada en base a dicha información.
En segundo lugar, porque nuestro Estado autonómico dista de ser un Estado federal digno de tal nombre. La razón es clara: no se definió así constitucionalmente y las competencias se han ido adquiriendo a golpe de negociación política cortoplacista: el último ejemplo por ahora es el concierto catalán. Esto supone que las herramientas de coordinación y cooperación son débiles y extremadamente dependientes de las decisiones de los políticos de turno y de un concepto tan vago, pero tan fundamental como la lealtad institucional que, como es sabido, es inexistente en nuestro país. Por eso vemos continuamente que las competencias se utilizan como parapeto para eludir responsabilidades gravísimas y como arma política arrojadiza. Lo vimos en la pandemia y lo volvemos a ver ahora. No hemos aprendido nada entre otras cosas porque no hemos evaluado nada.
En tercer lugar, porque el buen hacer y hasta el heroísmo de muchos servidores públicos y de muchos ciudadanos de a pie no puede suplir estas carencias. Si una de las economías más importantes del mundo no tiene un Estado capaz de proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos, estamos hablando de un problema gravísimo. Urge que de una vez nos pongamos a diseñar un Estado federal digno de tal nombre.
Responder
Es ofensivo
Me gusta
