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La Abogacía Española convoca la XXVI Edición del Premio Derechos Humanos, dedicada a su respeto en el ámbito empresarial

10/10/2024
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El Consejo General de la Abogacía Española ha abierto este miércoles el plazo de presentación de candidaturas para la XXVI Edición de los Premios Derechos Humanos, que este año estarán dedicados a reconocer el respeto de los mismos en el ámbito empresarial.

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Según ha informado la Abogacía en una nota de prensa, el galardón se entregará en las categorías de Persona, Iniciativa Social y Comunicación. El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 25 de octubre.

Los Premios Derechos Humanos, que se entregarán en diciembre, pretenden reconocer este año las acciones o iniciativas llevadas a cabo por personas físicas, jurídicas e instituciones que destaquen en la defensa de los derechos humanos y por su labor en contra de la injusticia, siempre que sean profesionales de la abogacía o colaboren de forma estrecha con despachos o instituciones de la Abogacía. Las bases pueden consultarse en la página web de la Abogacía.

La concesión de los premios será decidida, por primera vez este año, por un método mixto que, además de la votación del jurado, tendrá también en cuenta la votación del público a través de la página web del Consejo General. Por otra parte, el Premio Nacho de la Mata reconocerá un año más a personas o instituciones cuya labor se dirija a proteger los derechos de la infancia más vulnerable.

DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

En esta edición, desde el Consejo General han considerado pertinente poner el acento en el respeto que el ámbito empresarial debe dar a los Derechos Humanos, tanto dentro como fuera de las fronteras españolas y de la Unión Europea (UE), "en línea con lo que exige la nueva Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD)".

En el marco de la nota, la Abogacía ha recordado que esta normativa --aprobada en julio de este año-- obligará a las grandes empresas que operan en la UE a evaluar los riesgos para los derechos humanos y el medioambiente asociados a sus operaciones y las de sus filiales y socios comerciales en la cadena de suministro, incluso fuera de Europa, y a tomar medidas para abordarlos.

Para ello, los estados miembros tendrán dos años, hasta julio de 2026, para realizar la transposición a la normativa nacional.

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