El Tribunal Supremo consideraba que la exigencia de ese lapso de treinta minutos de antelación mínima entre la contratación y la prestación del servicio de VTC podía ser contraria a la libertad de empresa del art. 38 CE.
La sentencia, tras analizar las diferencias existentes entre la regulación de los taxis y los VTC, destaca que la medida cuestionada afecta al ejercicio de la actividad de VTC, por lo que, conforme a la doctrina constitucional sobre el art. 38 CE, debe someterse a un doble escrutinio para comprobar si es una medida razonable: en primer lugar, determinar si el fin perseguido es constitucionalmente legítimo; y, en segundo lugar, si la medida es adecuada para la consecución de ese fin.
Para la sentencia, la fijación de un lapso de treinta minutos entre la contratación y la prestación efectiva del servicio de VTC persigue finalidades constitucionalmente legítimas, señaladas en la exposición de motivos del Decreto-ley balear, tales como la necesidad de buscar un equilibrio entre el sector del taxi y el de VTC, así como la mejora de la gestión de la movilidad de personas viajeras y la garantía de las condiciones de prestación del servicio.
Sin embargo, la medida concretamente elegida para conseguir esas finalidades no está justificada y no es adecuada. En cuanto a lo primero, no hay ninguna explicación sobre el modo en el que la exigencia de ese lapso de tiempo entre contratación y prestación del servicio contribuye a la consecución de los objetivos que la normativa balear dice perseguir.
En segundo lugar, el Tribunal también considera que la norma cuestionada no es adecuada. Sitúa a los VTC en una desventaja competitiva en el único segmento del sector en el que operan, el de la pre-contratación. Y no es una medida que ofrezca una tutela del consumidor, en cuanto que supone una restricción para la actividad de uno de los sujetos que prestan dicho servicio de transporte de viajeros, ni sirve para preservar el régimen de precontratación, el cual viene exigido ya por las propias condiciones de prestación del servicio de VTC.
La conclusión de la sentencia es que la medida cuestionada es contraria al art. 38 CE, en tanto obstaculiza de forma no razonable la actividad de los VTC.
