VITORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
En un comunicado, el Colegio ha informado de que el pasado 18 de julio, la decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Maite Morillo, recibió el nuevo Protocolo de actuación en relación con la movilidad y circulación de las personas y profesionales que acuden a las dependencias judiciales.
Según ha explicado, la obligación de llevar distintivos en los juzgados de violencia de género de Bilbao ha generado un "profundo malestar" entre los letrados. La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia ha explicado que ha estudiado el contenido del protocolo y ha recibido "distintas quejas" por parte de sus colegiados.
Ante esta situación, ha instado ante la Secretaria Coordinadora de Bizkaia, el presidente del TSJPV y la directora de Justicia Digital e Infraestructuras del Gobierno Vasco a "rectificar de forma inmediata las distintas medidas acordadas".
En este sentido, el Colegio considera que la imposición de una pegatina visible a los profesionales de la Abogacía que desempeñan su labor profesional durante su estancia en Sede Judicial "resulta absolutamente improcedente, inadecuada e innecesaria".
Según ha recordado, los abogados, para acceder a las distintas sedes judiciales, deben presentar su carnet profesional en el acceso a las mismas al personal de seguridad que controlan los accesos. Asimismo, deben presentar su acreditación profesional -carnet colegial- ante los órganos judiciales competentes a fin de identificarse, si así se les requiere.
Por ello, ha insistido en que "la imposición de portar visible una pegatina a modo de identificación como abogada o abogado resulta no sólo innecesaria, sino completamente alejada del debido respeto y decoro que debe garantizarse a los profesionales de la Abogacía, así como al ejercicio de su función como operadores jurídicos".
"SIN SOPORTE LEGAL"
La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Bizkaia considera que las medidas contenidas en el Protocolo de actuación respecto a la movilidad y circulación de las personas que acuden a las dependencias judiciales "son desproporcionadas e inútiles, tanto jurídica como éticamente reprobables, sin soporte legal alguno y contrarias a los principios de un Estado de Derecho".
"El sistema ideado vulnera la presunción de inocencia y dignidad de las personas investigadas, y representa una 'pena de banquillo adelantada', quedando el investigado señalado y marcado delante del resto de personas que acuden a los Juzgados de Violencia", ha añadido.
Por ello, mediante su queja formal insta a que, "con carácter inmediato, se proceda a la supresión de las medidas de imposición de portar una pegatina identificativa, confiando en su disposición a la rectificación por parte de los órganos competentes".
