BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
En la presentación de la Memoria judicial 2023, ha expuesto que cada magistrado de las secciones civiles puede asumir un máximo de 200 asuntos al año pero está recibiendo 395, un 97,5% más, y ha advertido: "No tenemos posibilidad de resolver más asuntos si queremos mantener la calidad".
"En 2020 partíamos de 12.594 asuntos, aunque fue un año especial por el Covid-19, pero en los anteriores estábamos en torno a los 14.000 ó 15.000. Ahora se superan los 18.000, cerca de los 19.000", ha dicho.
Recio ha advertido de que la entrada de asuntos en los juzgados de Instrucción está siendo elevadísima y de que se traducirá en un aumento de recursos que llegarán a la Audiencia de Barcelona en los próximos años.
El motivo de que cada vez ingresen más recursos en la Audiencia y se resuelvan menos es que el Ministerio de Justicia carece de capacidad presupuestaria para mantener los refuerzos, mediante comisiones de servicio de magistrados, que se acaban destinando "por razones obvias" a las secciones penales.
Los recursos pendientes de resolución en las secciones civiles se han doblado en la Audiencia: de 11.149 en 2020 a 23.304 en 2023, por lo que Recio ha pedido que el legislador tome medidas para evitar la litigiosidad, por ejemplo la mediación, para que las partes lleguen a acuerdos extrajudiciales.
Las secciones civiles especializadas en mercantil están por debajo del porcentaje del módulo (también las de familia), porque hasta 2022 los recursos de las cláusulas suelo recalaban en esta sección concreta, y los magistrados "estaban absolutamente desbordados por razón de esta materia", pero ahora se reparten entre las secciones civiles generales, por lo que la carga de trabajo se ha reducido sustancialmente.
SECCIONES PENALES
En cuanto a las secciones penales, hay una estabilidad en la entrada de asuntos los últimos cinco años, entre los 22.000 y 23.000, y la resolución ha aumentado gracias a los esfuerzos de estas secciones (pasando de los 18.080 en 2020 a los 23.944 en 2023).
Se han reforzado las secciones penales de la Audiencia porque, cuando se celebran macrocausas, los recursos de esa sección se destinan casi en exclusiva y durante meses a un único juicio.
Pero se han incorporado más magistrados, pasando de 5 a 6 por sección (excepción las secciones 8, 9 y 10, aún con 5), lo que permite que la sección pueda seguir celebrando juicios, al contar con dos tribunales disponibles.
LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
Excluyendo el partido judicial de Barcelona, el incremento de asuntos en los juzgados de Primera Instancia es "elevadísimo", con unos 100.000 al año, lo que se traduce en muchos juicios pendientes de solución, con retrasos inasumibles y excesivos, en palabras de Recio.
En los Juzgados de Primera Instancia especializados familia y en los de violencia sobre la mujer hay "estabilidad", aunque en estos últimos merecen una atención especial las víctimas, lo que conlleva dedicar más tiempo que cualquier otro procedimiento.
Si bien funcionan correctamente en general, la entrada de asuntos en el Juzgado de Primera Instancia especializado en Violencia sobre la Mujer de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) dobla la media del módulo, por lo que "se está estudiando unificarlo en los de Barcelona, en la Ciutat de la Justícia, con la creación de dos nuevos jugados: siete en total".
Los juzgados de Instrucción también han sufrido un incremento de asuntos (de 68.750 en 2020 a 92.051 en 2023) y de tiempo de la respuesta y de la resolución, en especial en el de El Prat de Llobregat (Barcelona).
LOS JUICIOS RÁPIDOS
Los juzgados de lo penal han registrado un ligero descenso en la entrada de asuntos, y se han reforzado los de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Terrassa (Barcelona) con el fin de agilizar los juicios rápidos "para que respondan a su nombre y se celebren a la mayor brevedad posible", logrando un tiempo de espera de unos cuatro meses (aunque deberían celebrarse entre 15 días y un mes), frente al año de media de los juzgados de Barcelona.
En cuanto a los juicios de jurado, Recio ha subrayado son "muy complejos y con un coste elevadísimo para la Administración", aunque se celebran dentro de plazo, de forma adecuada, y los miembros del jurado salen satisfechos y con una opinión más favorable de la justicia.
En 2023 la Audiencia de Barcelona acogió 70 juicios con jurado popular, de los que 32 fueron por homicidio y 32 por allanamiento de morada, y en más del 50% se alcanzaron conformidades.
La mayoría de conformidades son sobre casos de allanamiento, por lo que "no tiene sentido tener toda la maquinaria del jurado si no se celebran", y Recio ha reivindicado que este ilícito se excluya de los juicios de jurado lo antes posible.
