UN TEXTO LEGAL PERVERSO
“Cuando la democracia, la separación de poderes y el Estado de derecho se ven amenazados, todos los jueces tienen el deber de pronunciarse en defensa de la independencia judicial y del orden constitucional, incluso en cuestiones políticamente sensibles”. Este pronunciamiento, lejos de una opinión, está tomado literalmente del dictamen número 25 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos sobre la libertad de expresión de los jueces, emitido en diciembre de 2022.
Respetamos profundamente la actual tramitación parlamentaria. Es el exponente principal del Poder Legislativo. Creemos firmemente en la separación de poderes. Sin embargo, nuestro sentido del deber nos sitúa en la obligación moral de advertir que la ley de amnistía que va camino de aprobarse este jueves en el Congreso de los Diputados erosionará el actual Estado de derecho, provocando una serie de imprevisibles consecuencias.
Llegar a este escenario ha supuesto retorcer los renglones de la ética con el aparentemente inocente argumento de una reconciliación, cuando lo cierto es que la realidad tras el espejo muestra una desesperada búsqueda del establecimiento de mecanismos de impunidad por y para políticos. Esta proposición legal, con independencia de su escrutinio constitucional, es profundamente contraria a los valores fundamentales de la UE. Es un tributo a la política sin sentido de Estado, con ausencia del consenso necesario, mediante un procedimiento huérfano de garantías jurídicas, que ataca a la separación de poderes y es generadora de una inaceptable desigualdad entre ciudadanos.
El texto crea inseguridad jurídica, no ofrece certeza, precisión y taxatividad sobre lo que es o no delito. Una normativa penal nunca puede ser tan abstracta que no permita a cualquier ciudadano identificar con precisión las conductas punibles y, por extensión, cuáles son amnistiables o no.
La proposición legal busca trasladar al Poder Judicial la determinación de lo que es o no amnistiable con una redacción intencionadamente confusa, ambigua y susceptible de muy variadas interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas. Como consecuencia, deja abierta la posibilidad de que cualquier interpretación válida que se aparte de los intereses independentistas del momento pueda ser tildada de prevaricadora.
Cuando llegue el tiempo de la Justicia, se mostrará con toda crudeza la perversión del texto legal. Frente a las resoluciones de los jueces no se interpondrán recursos, sino querellas por prevaricación. Ante el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los jueces, se sucederán infructuosos intentos de que aquellos sean citados a comisiones parlamentarias de investigación.
España, pese a todo, seguirá siendo un Estado de derecho. Las Cortes Generales harán las leyes y los jueces, no tengan duda alguna, las interpretaremos y aplicaremos con independencia.
