INTERVENCIONISMO ESPURIO
El pasado 11 de mayo publicaba en ABC un artículo de opinión con el título ‘BBVA-Sabadell, opa y populismo’, en el que dejaba constancia de mi sorpresa (que era y sigue siendo la de muchos observadores dentro y fuera de nuestras fronteras) por la celeridad con la que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió organizar una consulta pública sin precedentes sobre una operación previamente autorizada, con significativos remedios y gravosas condiciones, por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), tras un largo, exhaustivo y muy profesional análisis de la misma. Calificaba dicha encuesta de oscura por naturaleza, etérea en cuanto a sus fines y sus destinatarios, y tocante a un asunto de una evidente sofisticación técnica, jurídica y económica, cuya comprensión no estaba al alcance de cualquiera.
Lógicamente, el resultado de esa consulta es todo menos solvente y creíble. De las 348.600 respuestas recibidas, el propio ministerio solo ha podido dar por “válidas” 65.900 provenientes de ciudadanos y entidades varias. Y de ellas, sólo algo más de un 20% solicitan medidas aún más intervencionistas que las impuestas por la CNMC. Todo perfectamente transparente y científico, como se ve. Pese a ello, el Gobierno ha decidido (¿o sería más apropiado decir que no ha tenido otra que decidir?) impedir que la fusión de ambos bancos sea posible antes como mínimo de tres años, extensible a cinco, periodo durante el cual BBVA y Sabadell deberán mantener personalidad jurídica y patrimonio separados. Y todo ello, con independencia de cuál sea la voluntad de los accionistas, del plácet con condiciones otorgado por la CNMC en abril, y de la opinión favorable que tienen sobre esta operación los mercados, el BCE y la Comisión Europea. La explicación dada por el Gobierno para justificar tal intervencionismo, impropio de un país de la UE y sujeto al acervo comunitario, es la supuesta preservación del tan manido, pero nunca convenientemente explicado, “interés público”.
En un contexto económico y geopolítico como el actual, con un comercio internacional sometido a los vaivenes de la política arancelaria americana, tan caprichosa como la que se impulsa desde Washington; con guerras a nuestra puerta (Ucrania) y en el siempre explosivo Oriente Próximo, que ya veremos qué consecuencias tienen para nosotros, y con una China cada día más poderosa e influyente, pero menos transparente en la gestión de su economía y su política internacional, lo que se espera de un país como España, que necesita preservar su buen nombre y el indispensable flujo de inversiones extranjeras para seguir creciendo, es seriedad comercial, previsibilidad en las decisiones de sus autoridades y respeto estricto al principio de legalidad (lo que los anglosajones definen como ‘the rule of law’).
Justo lo contrario es lo que ha hecho el Gobierno con su decisión de descarrilar la operación BBVA-Sabadell, postergándola en realidad ‘sine die’. No sorprende que la Comisión Europea, a petición de María Luís Alburquerque, la discreta y eficiente comisaria de servicios financieros y unión de ahorros e inversiones, se plantee abrir un procedimiento de infracción al Gobierno español por las trabas impuestas a esta fusión, por entender que puede haberse extralimitado y sus acciones ser contrarias a la libre circulación de capitales. Y es que el intervencionismo de un gobierno europeo en transacciones como la que nos ocupa ha de ser debidamente justificado, proporcionado y basado en la preservación del interés general (que dicho gobierno no puede definir por su cuenta y según le convenga).
Concluyo con unas cuantas preguntas cuya respuesta dejo a su clarividencia, si bien no escamotearé mi propia respuesta. Con los precedentes citados, con esta palmaria inobservancia de principios básicos en una economía moderna seria, con un gobierno además cercado por graves acusaciones de corrupción que alcanzan hasta la propia Moncloa, ¿qué grupo empresarial, qué gran inversor internacional va a plantearse invertir en España? ¿Cómo se explica que una economía que “va como un cohete” esté asistiendo a una desaceleración salvaje de las inversiones extranjeras? Y puesto que la consolidación bancaria en el seno de la Unión Europea es no sólo ineluctable, sino indispensable, ¿no sería mejor que los bancos españoles participen en esa consolidación siendo ellos los que compran en lugar de ser los opados?
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