MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los magistrados han dado la razón al demandante al considerar que "las autoridades deberían haber hecho más para ayudarlo" dada la gravedad de las consecuencias que conlleva no tener documentación.
Así las cosas, el tribunal ha concluido que España vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al incumplir su "obligación" de garantizar que el hombre pudiese disfrutar de su derecho, por lo que ha condenado al Estado a pagarle al demandante 16.000 euros por daño moral y costas.
Según ha informado este jueves Estrasburgo, es la primera vez que el tribunal se pronuncia sobre el derecho a obtener un certificado de nacimiento conforme al artículo 8 del Convenio, relativo al derecho al respeto a la vida privada y familiar.
En concreto, el TEDH ha estudiado el caso del demandante, un hombre de nacionalidad española que nació en 1985 en México pero que en septiembre de ese año se instaló en Tenerife después de que su madre solicitara la repatriación de la familia tras el terremoto que dejó miles de muertos en el país norteamericano.
LO QUE DESTRUYÓ EL TERREMOTO DE MÉXICO
Una vez en España, su madre intentó inscribirlo en el registro civil de La Laguna. La mujer juró ante un juez que el menor --que entonces tenía 12 años-- era su hijo y varios testigos declararon en el mismo sentido.
El registro central de Madrid, que se encargaba del estado civil de las personas nacidas en el extranjero, no quedó satisfecho y pidió a las autoridades mexicanas documentos que la madre no fue capaz de proporcionar, entre ellos un acta de nacimiento.
En el año 2000, las autoridades contactaron nuevamente a la mujer para informarle que su hijo no tenía documento de identidad alguno. Y le repitieron que necesitaban información de México. Ella insistió en que todo había quedado destruido tras el terremoto.
Durante los años siguientes, el demandante llevó su caso ante varias organizaciones nacionales, así como ante los consulados de México y España. Su nacimiento fue finalmente registrado en abril de 2006, cuando tenía 21 años. Un mes después recibió su documento de identidad.
El TEDH ha considerado que las autoridades españolas han actuado con "negligencia" y que y que "deberían haber hecho más".
