MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Fuentes fiscales han explicado a Europa Press que la vista por el artículo de previo pronunciamiento tiene por objeto dirimir si los hechos han prescrito, como ha argumentado la defensa de la exintegrante de ETA.
Fue en 2021 cuando la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento que acordó en diciembre de 2005 por los presuntos delitos de asesinato terrorista y atentado terrorista, descartando la alegación de Jáuregui de que estos hechos estuvieran prescritos.
Se trata de un argumento recurrente de la defensa de la etarra, que no ha sido acogido en ninguna ocasión. Alegó la prescripción del delito tras conocer el procesamiento y durante su comparecencia en noviembre de 2020 ante el entonces juez instructor José de la Mata, cuando le tomó declaración tras ser entregada por Bélgica.
El magistrado en ambas ocasiones rechazó este punto de vista, pues, por un lado, desestimó el recurso presentado contra el auto de procesamiento, y acordó el ingreso en prisión de la etarra por riesgo de fuga, a la espera de que se celebre el juicio.
Fue entonces cuando la defensa de J recurrió en apelación ante la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que confirmó el criterio del magistrado instructor. Otra de las veces que la defensa aludió a la prescripción fue en relación al procesamiento de 'Pepona' por otro atentado perpetrado también en 1981 en Bilbao, en el que murió el policía Nacional Francisco Francés, si bien la Audiencia Nacional tampoco le dio la razón.
La Sala afirmó que si de verdad hubiera sido "manifiesta, palmaria e indiscutible la extinción de la responsabilidad criminal" por prescripción del delito, habría sido "sin duda" y "de oficio" el propio juez instructor el que lo hubiese reflejado en su auto de procesamiento, como hizo con otros dos investigados.
En cualquier caso, la Sección Tercera recordó que el momento procesal oportuno para plantear la cuestión de la prescripción del delito era el de la proposición de los artículos de previo pronunciamiento --trámite que se realiza ante el tribunal previo al enjuiciamiento de un procedimiento-- y no mediante la impugnación de un auto de procesamiento. Esa vista, precisamente, es la que tendrá lugar este jueves.
J, en prisión, está procesada por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche en Bilbao el 19 marzo de 1981, cuando salía de misa en la Basílica de Begoña, a causa de los disparos de las armas que portaban ella y otro de los miembros del 'comando Vizcaya' FJZU, actualmente fallecido.
HUIDA A FRANCIA Y MÉXICO Y VUELTA A EUROPA
'Pepona' huyó a Francia en 1978 por su presunta relación con las actividades del comando 'Iskulin'. Posteriormente, entre enero y julio de 1981, pasaría a formar parte, ya como miembro 'liberado', del comando 'Vizcaya', participando en diversos atentados cometidos a lo largo de ese año en dicha provincia, varios con resultado de muerte, entre ellos el atentado para cuyo enjuiciamiento es ahora objeto de entrega a España.
Tras su regreso a Francia y permanencia clandestina en aquel país, huyó a México, donde sería localizada en 2002 con ocasión de la detención y posterior entrega España de otro miembro de ETA, JABG.
Después regresó de forma clandestina a Europa y se instaló en Bélgica, donde sería localizada y detenida en la ciudad de Gante en 2013, como resultado de una operación culminada por la Policía Judicial Federal de Bélgica, que contó con la colaboración de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
EUROORDEN REACTIVADA TRAS ESTRASBURGO
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reactivó la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) en octubre de 2019 después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la etarra.
Estrasburgo concluyó que las autoridades belgas no cumplieron con la "obligación de cooperar" con España para investigar y juzgar su posible participación en el asesinato del teniente coronel Romeo, porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes.
La entrega se hizo efectiva después de que el Tribunal de Casación belga confirmara un mes después, el 17 de noviembre de 2020, una primera sentencia del Tribunal de Apelación de Gante que ordenaba la entrega de J a España, momento a partir del cual empezó a correr el plazo de diez días para que Bélgica ejecutara la orden.
