Insta al juez a seguir investigando y le ordena solicitar informes para indagar en la "posible conducta delictiva"
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha revocado el archivo provisional de la pieza separada del 'caso 3%' en la que se investigaba a varios cargos de Convergencia por donaciones al partido con la supuesta finalidad de financiar ilícitamente a dicha formación, lo que comúnmente se ha conocido como el 'pitufeo'.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal estima el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz, de dar carpetazo a la investigación al no apreciar indicios de blanqueo.
Los magistrados de la Sección Cuarta explican que "a la vista de la información ofrecida por el Ministerio Fiscal en relación a la existencia de indicios de una posible financiación ilegal por parte de CDC debe continuarse la investigación llevada a cabo por el instructor", acordando por tanto una prórroga de la misma.
Es por eso que la Sala pide al juez que "solicite los informes que estime oportunos a fin de determinar la existencia de una posible conducta delictiva por delito de blanqueo de capitales requiriendo, en su caso, la documentación bancaria que pueda existir sobre imposiciones bancarias de los investigados realizadas en fechas cercanas a las donaciones".
En su recurso, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal del caso, José Grinda, señalaba que en las actuaciones consta cómo "diversas empresas han ejecutado de manera continuada una conducta interesada de donaciones a las fundaciones relacionadas directamente con la formación política CDC".
Además, añadía que con ellas se camuflaba la realidad de "auténticas conductas de soborno para conseguir la adjudicación de contratos a través de organismos públicos dependientes de la Generalitat de Catalunya".
Según explicaba el fiscal, lo relevante de esta conducta es la evidencia de que la extinta CDC buscaba y encontraba "formas de financiación a costa del interés público y en beneficio de determinadas empresas, siendo ésta constante". Así, incidía en que en la pieza principal del '3 por ciento' ha constatado esta manera de actuar, que además no es nueva sino que es una "mera continuación de la estructura del llamado caso Palau" --ya juzgado--.
LAS TRES VÍAS DE CDC PARA FINANCIARSE
Así, insistía en que desde 1999 CDC estableció sistemáticamente una triple vía de financiación al margen de la legalidad, "vías que actúan coetáneamente": "Una, las donaciones a las entidades afectas a CDC; dos, la simulación de servicios y convenios con las empresas que luego se veían beneficiadas en contratación pública; tres, las entregas en efectivo".
En este sentido, y apoyándose en la documentación incautada en los registros de la sede del partido y en las distintas declaraciones de imputados y testigos, el fiscal subrayaba que concurren "datos objetivos de generación y posesión de dinero en efectivo, no declarado por CDC procedente de empresas que buscan con ello ser beneficiadas en la contratación pública".
El escrito enumeraba además a una serie de cargos de CDC, entre los que aparecen directivos como Jordi Jané, Irene Rigau, Jordi Moltó o Felip Puig, de los que relaciona donaciones, y recalca que todos ellos son afiliados del partido político. Y aseveraba además que se ha podido constatar "la existencia de una coordinación superior" que manejaba los tiempos para que se realizaran esas donaciones.
EL JUEZ NO APRECIABA INDICIOS
Pedraz, en su auto de archivo, incidía en que estas diligencias se abrieron en abril de 2020 --por el entonces juez de la Audiencia Nacional José de la Mata-- para saber si se buscaba "un afloramiento de dinero procedente del delito" con la finalidad de financiar ilícitamente al partido.
Y señalaba que tras haber practicado todas las diligencias solicitadas, entre ellas el informe de la Guardia Civil en el que se procedió al análisis la operativa de ingresos en efectivo vinculada a las donaciones, no había indicios.
En concreto, se examinó si se había ideado un sistema basado en la reversión en forma de dinero en efectivo de la donación realizada por los investigados como forma de compensación del ingreso inicial, de manera que el dinero en efectivo en poder de CDC y presuntamente de origen ilícito, pasaría al circuito económico legal utilizando la simulación de una donación, en vez de tratarse de una aportación realizada voluntariamente por el donante.
Entre los investigados están el ex tesorero de CDC Daniel Osacar --condenado por el caso Palau--, el también ex tesorero de CDC Andreu Viloca, el ex gerente de esa formación Germá Gordó, el exconseller y ex número 2 convergente Felip Puig y la también ex consellera catalana Irene Rigau.
El juez recordaba que los investigados declararon que las donaciones efectuadas respondían a aportaciones extraordinarias que les fueron solicitadas por CDC en su condición de militantes y, en particular, en atención al cargo público o de responsabilidad institucional que ostentaban algunos de ellos como consecuencia de los problemas de tesorería que les decían que atravesaba la formación en aquellos años. "La explicación dada, con lo actuado, no ha quedado desvirtuada", subraya el magistrado.
Por un lado, explicaba que no podía afirmarse que las donaciones realizadas tuvieran por objetivo la introducción en el tráfico económico de cantidades provenientes de un hecho ilícito antecedente. "No hay base para afirmar que el origen de los fondos fuera proveniente de la trama del caso Palau, pues no existe diligencia alguna que lo acredite", advierte.
