La ministra de Justicia en funciones ha destacado que este sistema “permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos postmortem procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas, durante el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura, y ayudar así en la identificación genética de los restos”.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, iniciativa del Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, también prevé la integración en este banco estatal de los perfiles de ADN de las personas afectadas por una posible sustracción de menores cuya denuncia haya sido admitida por los hechos recogidos en la ley.
Bonaparte es un software desarrollado con fondos públicos europeos, creado a petición del Instituto Forense Holandés, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajo, y desarrollado por la compañía SMART RESEARCH BV.
Este software, que permite desarrollar una base de datos de ADN para la identificación de cadáveres y personas desaparecidas, ha sido validado en el ámbito forense en distintos escenarios internacionales como la NFI, INTERPOL o ACIC.
Contrato del Ministerio de Justicia
El contrato firmado por el Ministerio de Justicia incluye la licencia de software permanente, sin limitación de usuarios, por un periodo de cinco años de mantenimiento e implementación de cualquier actualización de software; así como una bolsa de horas anuales para la formación de los usuarios, gestión de incidencias e instalación de parches.
Bonaparte es un sistema avanzado en la creación y la búsqueda automatizada de perfiles de ADN de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su ADN con la victima que buscan. Esta es una característica esencial, ya que se prevé una alta casuística de árboles genealógicos complejos, por falta de familiares directos.
El sistema dispone, además, de un algoritmo matemático para calcular la significación estadística de las compatibilidades de ADN que se obtengan. Este sistema computacional ha sido validado y es público.
El banco será gestionado en tareas de mantenimiento, actualizaciones y ciberseguridad por la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, y será el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses el encargado del uso de los algoritmos de la aplicación y de los datos genéticos.
Las instituciones que tendrán acceso al banco nacional de ADN serán los laboratorios de ADN estatales y de las comunidades autónomas que participen en proyectos de memoria democrática y previamente hayan sido evaluados satisfactoriamente por la Comisión Nacional para el Uso Forense, de acuerdo con la norma ISO 17.025.
Se prevé la participación en el banco estatal de ADN de alrededor de 12 laboratorios de ADN de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Canarias, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.
