MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Así consta en la Memoria Anual del Ministerio Fiscal relativa a 2022, que este jueves ha sido presentada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco del acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.
La Unidad Especializada plantea la modificación del artículo 87 ter de la LOPJ para incluir en el catálogo de procedimientos civiles los procedimientos hereditarios en los casos de violencia vicaria, así como los procedimientos relativos al ejercicio de la acción civil que les corresponda por la extinción de responsabilidad criminal por muerte del culpable contra sus herederos y causahabientes.
La Fiscalía considera oportuno que estos asuntos los lleven los juzgados de violencia sobre la mujer, en lugar de los juzgados de primera instancia, "de modo que la mujer víctima de violencia vicaria extrema pueda ejercer "sus derechos hereditarios y el ejercicio de la acción civil que proceda, en su caso, contra los herederos del asesino cuando éste se ha suicidado".
DECLARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS
En el marco de la Memoria, el Ministerio Público insiste en que se modifique la regulación de la prueba constituida para "ofrecer a las víctimas una protección integral, adecuada y eficaz de sus derechos".
El año pasado, la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, abogó por llevar a cabo una reforma legal que permitiese que las víctimas de agresiones sexuales sólo tengan que declarar durante la fase de investigación, ahorrándoles así el "calvario" del proceso y la asistencia al juicio oral, algo que algunas mujeres prefieren evitar y que en ocasiones puede llevar a que lleguen a una conformidad con el agresor.
Asimismo, la Fiscalía dedica unas líneas --en su apartado de propuestas de reforma-- para pedir de nuevo que se contemple de forma "expresa" la intervención del Ministerio Público en las entradas y registros.
Como hiciera ya en 2020, también reclama una reforma "urgente, amplia y detallada" de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en causas criminales, para incluir "al menos" un programa de seguridad personal.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Además, propone una reforma de la Ley de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea para que se designe a la Fiscalía como "única autoridad de recepción de certificados de embargo y decomiso" para que facilitar así "la recuperación de activos como mecanismo eficaz en la lucha contra la delincuencia organizada". Y plantea la modificación de la Ley sobre Eurojust porque, a su juicio, "limita" el reconocimiento expreso de independencia funcional del miembro nacional al tiempo que se "separa" de la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
García Ortiz incide en que "la verdadera autonomía del miembro nacional se conseguiría dando un paso más, esto es, ubicando funcional y orgánicamente al miembro nacional de España en Eurojust en la Fiscalía General del Estado".
"En efecto, lo más adecuado resultaría que tal cargo fuera desempeñado por fiscales en activo, designados/as previo concurso discrecional convocado al efecto, a propuesta del/de la Fiscal General del Estado y oído el Consejo Fiscal", apunta y explica que para ello "sería necesaria la correspondiente modificación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para incluir las plazas de miembro nacional, miembro nacional adjunto y asistentes".
