MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, estaba previsto que esos dos asuntos fueran a Pleno en el mes de junio, una vez superados los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo, pero el adelanto electoral al 23-J ha trastocado los planes de la corte de garantías, que no los estudiará hasta al menos el próximo septiembre.
Se trata de evitar asuntos políticamente conflictivos en un contexto electoral, cumpliendo así la norma no escrita que ha seguido el Tribunal Constitucional en sus más de 40 años de historia, apuntan las citadas fuentes.
Fue en abril de 2021 cuando Vox acudió al TC para revocar la modificación efectuada en marzo de 2021 a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para prohibir que un CGPJ en situación de interinidad cubra las vacantes generadas en los altos tribunales. La reforma legal pretendía empujar al PP a la mesa de negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato expiró el 4 de diciembre de 2018.
Sin embargo, la falta de avances para nombrar nuevos vocales propició que el pasado julio las Cortes Generales aprobaran una segunda reforma de la LOPJ para devolver al CGPJ su capacidad de proponer candidatos al TC y facilitar así una renovación parcial del Constitucional que se materializó el 9 de enero provocando un vuelco hacia la actual mayoría progresista.
La reforma inicial de la LOPJ fue impugnada tanto por Vox como por PP, pero los de Santiago Abascal lo hicieron antes que los 'populares', por lo que su escrito se verá primero. Así, la propuesta elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer marcará el camino de la ponencia encomendada al magistrado conservador César Tolosa, en cuyas manos está el recurso 'popular'.
El pasado noviembre, antes de que el TC se renovara parcialmente, desde la corte de garantías ya se advertía de que, aunque ambas ponencias estaban muy avanzadas --la de Tolosa, que aún no formaba parte del tribunal, estaba entonces a cargo de Juan Antonio Xiol--, aún tardarían en ir a Pleno para no interferir en "los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes".
SIN RESPUESTA A UNAS MEDIDAS CAUTELARES
Por su parte, Alberto Rodríguez lleva desde enero de 2022 a la espera de que el TC conteste a una medida cautelar, con la que buscaba que se le devolviera el acta de diputado, que planteó al mismo tiempo que pidió amparo al Constitucional.
Rodríguez impugnó el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el Tribunal Supremo le condenara por propinarle una patada a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 en La Laguna (Tenerife).
El Supremo condenó a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y quince días como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
El alto tribunal sustituyó la pena de prisión por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros), si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso de los Diputados.
Rodríguez recurrió también la propia sentencia, denunciando que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales. La Fiscalía del TC apoyó amparar al político canario por la retirada del escaño, no así en la impugnación contra el fallo del TS.
