MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, la juez Ángeles Lorenzo-Cáceres ha enviado esa parte de la causa a la Fiscalía Europea después de que ésta reclamara la competencia sobre la misma por tratarse de un proyecto, el GARSI-Sahel, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que era máximo responsable el ex general.
La instructora, en una providencia del pasado 22 de marzo, había enviado las diligencias practicadas hasta la fecha en el 'caso Mediador' a la Fiscalía Europea para que determinara si entre los hechos investigados había alguno de su competencia.
En concreto, L-C ha acordado en el decreto emitido este lunes "poner a disposición" de la Fiscalía Europea las pesquisas realizadas sobre este asunto, así como al propio general, por lo que será ahora la institución comunitaria la que decida si continúa o no en prisión provisional.
Las fuentes jurídicas señalan que las actuaciones enviadas a la Fiscalía Europea se refieren también a la participación del empresario JSE, conocido como 'El Drones' por la trama.
Según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press, este empresario se habría hecho con hasta tres contratos de suministro de equipamiento para GARSI-Sahel: Uno de 2020 para Mauritania y Níger, y otro de 2021 para Malí.
No obstante, el general E negó ante la juez instructora que favoreciera a SE para que lograra dichos contratos con los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (GARSI-Sahel).
CASO MEDIADOR
Salvo esta parte, el juzgado canario seguirá investigando esta presunta trama encabezada por FC; su sobrino TF; el general E; y el empresario canario ANT, el 'mediador'.
De acuerdo con el sumario, se habrían dedicado a cobrar dinero --aunque también viajes y fiestas-- a cambio de favores políticos, con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción".
Las pesquisas apuntan que el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".
