MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, la Comisión Permanente interpreta que se trata de un tema enmarcado en la función jurisdiccional y, en consecuencia, escapa al alcance de la acción disciplinaria que competería ejercer al CGPJ, una medida que ha quedado absolutamente descartada.
Además, los vocales que forman el órgano ejecutivo del CGPJ han hecho hincapié en que la información publicada en prensa no ha podido ser contrastada porque no es pública, sino que forma parte de la investigación judicial.
La Comisión Permanente se había propuesto simplemente la "valoración de las informaciones periodísticas habidas en relación con las actuaciones practicadas en la pieza separada 96/2017 por parte del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional".
Los vocales ya hablaron de este asunto durante la anterior reunión de la Comisión Permanente, celebrada el pasado 2 de marzo, pero entonces lo abordaron de manera informal y no vieron materia suficiente para adoptar ningún tipo de medida respecto a Navarro, de acuerdo con las fuentes señaladas.
Esos chats de WhatsApp salieron a la luz cuando la AN terminó de incorporar a la plataforma digital todo el material derivado de las pesquisas sobre el espionaje parapolicial que se habría orquestado desde el Ministerio de Interior entre 2013 y 2015 contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno para robarles todo el material comprometedor que pudieran tener del partido o sus dirigentes.
Fuentes fiscales indican que los hechos ya se investigaron en su día para acabar concluyendo que Navarro se limitó a mantener un contacto cordial con Martínez sin que llegara a facilitarle nada sobre las pesquisas judiciales.
FIN DE LAS PESQUISAS
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, puso fin a sus indagaciones en julio de 2021 procesando al ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz como presunto 'cerebro' de la 'Kitchen' junto a otras diez personas, entre ellas Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y ex comisarios como José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo.
La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de cárcel para Fernández Díaz y Martínez; mientras que los Bárcenas interesan 41 años para ambos; el PSOE, 47 años y 10 meses para el primero y 38 años y 3 meses para el segundo; y Unidas Podemos, 41 años para los dos también.
Las acusaciones habían pedido al juez que reabriera las pesquisas para indagar en la presunta implicación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, a raíz de la difusión en 'El País' de una conversación suya con Villarejo en 2013 donde le pedía "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, pero la Sala de lo Penal de la AN ha respaldado la decisión de García Castellón de dar por zanjada la instrucción.
