MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
En un auto del pasado 27 de enero, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Penal sostiene que el sobreseimiento acordado por el juez Santiago Pedraz "por la ausencia de indicios de criminalidad resulta plenamente ajustado a Derecho" y asegura que las alegaciones de los socialistas "no son sino meras valoraciones subjetivas que no se ven corroboradas por las diligencias de investigación practicadas".
Fue el pasado mes de enero cuando la formación liderada por Pedro Sánchez interpuso un recurso de apelación contra la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de archivar la causa al considerar que no había quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de la misma.
Ahora, los magistrados de la Sala explican que "el resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa y, principalmente", el último informe aportado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que no encontraba irregularidades_ "imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados".
ABOCADOS AL ARCHIVO PROVISIONAL
Eso, añaden, "aboca al sobreseimiento provisional de las actuaciones de los investigados al no resultar posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigadas y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes, estando ausentes indicios suficientes para estimar justificada la comisión de los delitos atribuidos a los distintos investigados".
En esta línea, la Sala recuerda al PSOE que es "función exclusiva del instructor la de comprobar si de las diligencias de investigación practicadas se desprenden indicios suficientes como para dirigir la acción contra los sujetos investigados a los que se ha recibido previamente declaración, sin necesidad de sentar en el banquillo de manera innecesaria a aquellos sujetos respecto de los que exista una insuficiencia indiciaria evidente".
En este contexto, el auto insiste en que no ha quedado acreditado el supuesto "concierto defraudatorio con funcionarios públicos", señalando además que "el uso de artificios para obtener su favorecimiento es inexistente".
El auto también señala que, "descartada la financiación irregular de partidos políticos, que no era delito en el período temporal en que tuvieron lugar los hechos investigados, así como los delitos de tráfico de influencias y fraude a las Administraciones Públicas, la causa queda huérfana de conductas típicas con relevancia penal".
EL CASO DE LAS 'COMISIONES FINALISTAS'
El caso, conocido como el de las 'comisiones finalistas', lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos que los del pago de la reforma de la sede 'popular' de Génova con esos fondos extracontables. Sin embargo, lo revelado por el líder de la 'Gürtel', Francisco Correa, durante el juicio por la primera época de la trama corrupta permitió reactivarla.
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz, implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.
Relató un episodio concreto que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
La del ex tesorero 'popular' fue la última declaración antes de que Pedraz pusiera fin a la fase de instrucción el 29 de julio de 2021. Desde entonces, el juez estaba pendiente de recibir el último informe de la IGAE para decidir el futuro de la causa.
