MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
En la sentencia, ponencia del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, se recoge que la utilización de una clave personal representa "un plus de gravedad en el ataque a la esfera de privacidad de cualquier persona porque implica un apoderamiento añadido de un dato de carácter personal".
Según los hechos probados, la mujer, que había mantenido una relación de cuatro años con él, le pidió en 2018 que cuidase al hijo de ambos en el domicilio de ella, en la ciudad de Elche. Él aprovechó para instalar el dispositivo, "cuya lente estaba dirigida a la cama, con la intención de controlar" a su expareja.
"Para conectarse al router, y activar el funcionamiento de la cámara, utilizó la contraseña privada" de la mujer, recuerda la sentencia. Esta situación duró hasta que ella cambió las contraseñas de acceso a su router.
En septiembre de ese año, la víctima detectó la existencia de la citada cámara y presentó una denuncia, si bien --recuerda la resolución-- con anterioridad ya había presentado otra contra el acusado por sospechar que había sido él quien había instalado un Skype ocultó en su ordenador y a través del cual, cuando la víctima usaba su propio portátil, el acusado podía controlar todo lo que hacía, hablaba o quien estaba en el domicilio. LA AUTORIZACIÓN INCONSENTIDA DEL ROUTER
Sin embargo, el Supremo afirma que los hechos recogidos en la sentencia tienen pleno encaje en el delito por el que ha sido condenado y señala que la agravación de la pena no se deriva, como parece entender la defensa, de la captación de unas imágenes mediante un dispositivo de grabación oculto en el aparato de aire acondicionado y dirigido a la cama, sino de la "utilización inconsentida" de la clave del router.
El condenado en su recurso en casación ante el TS consideró en cambio que se había aplicado indebidamente el Código Penal en la medida en que "no se alcanza a entender qué clase de datos personales de la supuesta víctima habría utilizado sin su autorización, distintos de las imágenes que pudieran haberse captado del interior de la vivienda".
Razonaba que el acceso a la clave wifi, que habría permitido al acusado activar el dispositivo de grabación, contó con el consentimiento de la denunciante, dado que ambos habían compartido vivienda durante varios años.
En la resolución, el tribunal analiza el concepto de dato personal recogido en El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos.
La Sala indica que cualquier número de identificación personal y, más concretamente, "un identificador en línea" constituye un dato personal susceptible de protección. De ahí --según la sentencia-- que toda serie numérica o alfanumérica que permita acceder a cualquier servicio prestacional de carácter telemático es un dato de una persona no identificada, pero perfectamente identificable.
PERMITIÓ OBTENER LAS IMÁGENES
De hecho, explica que esa numeración capaz de proporcionar una respuesta habilitante para el acceso a un servicio automatizado sustituye la identificación física por una identificación virtual, asociada a esa clave de titularidad exclusiva.
Añade que en este caso la clave del router indebidamente utilizada fue la que, como se expresa en la sentencia de instancia, permitió al acusado la obtención de las imágenes que comprometían la intimidad de la víctima.
La Sala aclara que no aborda, en la medida en que no ha sido objeto de debate, el intenso impacto de los hechos declarados probados en lo que se ha denominado el núcleo duro de la intimidad, a saber, "la invasión de ese espacio de exclusión que todo ciudadano dibuja frente a los demás".
Y es que el acusado "colocó una cámara de vigilancia en el interior del aparato del aire acondicionado, ubicado en la habitación (...), cuya lente estaba dirigida a la cama, con la intención de controlar (...)". "No es difícil imaginar el efecto que esa injerencia del acusado pudo tener, durante un período de tiempo que en la hipótesis más favorable superó los dos meses de duración, en el espacio de intimidad que define el dormitorio de cualquier persona", subraya el tribunal.
EL CONDENADO: LA CLAVE ERA CONOCIDA
Como consecuencia, desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante que confirmó la dictada por un juzgado de lo Penal de Elche.
Además de la pena de cuatro años de prisión, la sentencia de instancia impuso al recurrente como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, con la agravante de parentesco, la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su expareja, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro donde se encuentre, así como comunicarse con ella por cualquier medio, físico o telemático durante 5 años. En su recurso se quejaba de la falta de proporcionalidad de la pena que se le impuso y sostenía que esa clave era conocida.
